RedacciónLo ocurrido en la Alcaidía de Rafaela en las últimas horas vuelve a dejar una señal de alerta que la ciudad no puede seguir ignorando. Un interno fue retirado de un pabellón con hematomas visibles en el rostro cuando debía ser trasladado a una audiencia judicial. Según su propio relato, habría sido agredido a golpes por otros detenidos dentro del mismo sector donde se encontraba alojado.
Un médico constató posteriormente que las lesiones eran de carácter leve. El hecho quedó bajo la órbita de la fiscalía, como ocurre en estos casos. Pero más allá del expediente judicial, el episodio vuelve a poner en discusión algo mucho más profundo: las condiciones en las que funciona actualmente la alcaidía local.
La estructura fue diseñada para alojar 49 internos. Hoy alberga casi el triple de esa capacidad. Ese dato, por sí solo, alcanza para entender que la situación dejó de ser un problema administrativo para convertirse en un riesgo real.
Porque cuando un lugar pensado para una determinada cantidad de personas termina funcionando con tres veces más, las tensiones internas, los conflictos y los episodios de violencia dejan de ser excepciones y pasan a ser una consecuencia previsible.
Y todo esto ocurre en pleno centro de Rafaela, dentro de un edificio que hace años quedó chico para la realidad que debe contener.
No se trata solamente de las condiciones de los internos. También está en juego la seguridad del personal policial que trabaja allí todos los días y, en definitiva, la tranquilidad de una zona céntrica de la ciudad que convive con una estructura que funciona al límite de sus posibilidades.
La construcción de una nueva alcaidía con capacidad para 240 internos dejó hace tiempo de ser un proyecto futuro para convertirse en una necesidad urgente.
Rafaela ya dio algunos pasos para avanzar en esa dirección. Incluso se habló de la cesión de terrenos y de gestiones para que la obra pueda concretarse. Sin embargo, entre debates políticos, cuestionamientos y dilaciones administrativas, la solución sigue esperando.
Mientras tanto, los episodios dentro del actual edificio se repiten y cada uno de ellos vuelve a recordar que el sistema está trabajando en condiciones de saturación.
Privar de la libertad a una persona no significa privarla de condiciones mínimas de seguridad. Y tampoco puede implicar que la ciudad sostenga indefinidamente una estructura que ya no responde a la realidad actual.
Cada incidente dentro de la alcaidía es una advertencia.
Y las advertencias, cuando se repiten durante años, dejan de ser un aviso para convertirse en un problema que exige decisiones.
La pregunta ya no es si Rafaela necesita una nueva alcaidía.
La verdadera pregunta es cuánto más vamos a esperar para construirla antes de que ocurra algo mucho más grave en pleno centro de la ciudad.
