RedacciónEn la mañana de este martes, el abogado Gustavo Gabriel Abraham, representante legal de los hermanos Spaggiari, dialogó con Gerardo Zanoni en el programa Reencuentro por GZ Radio (FM 100.7) y dejó definiciones fuertes sobre el avance de la causa que investiga presuntas maniobras económicas que afectaron a cientos de ahorristas de Rafaela.
El letrado sostuvo que el proceso judicial “está mal encaminado desde el inicio” y planteó que la situación debería encuadrarse en el ámbito civil, vinculada a un emprendimiento inmobiliario, y no como una estafa reiterada. En ese sentido, remarcó que el propio fiscal habría reconocido recientemente esa condición, lo que —según su interpretación— modificaría sustancialmente la calificación legal del caso.
Abraham también cuestionó la validez de la acusación presentada por la fiscalía, al considerar que fue realizada fuera de los plazos procesales establecidos. “Estamos ante una acusación extemporánea, con plazos ampliamente vencidos, lo que vulnera el debido proceso”, afirmó, y adelantó que en las próximas horas presentarán recursos ante instancias superiores, incluso la Corte.
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la prisión preventiva de los imputados, que ya supera los dos años. El abogado consideró que se trata de una medida “excepcional que se ha transformado en regla”, al tiempo que negó la existencia de riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
En relación al fondo del caso, Abraham insistió en que no hubo una maniobra delictiva organizada, sino “un problema comercial agravado por la pandemia y la inflación”, que afectó el normal desarrollo de los proyectos inmobiliarios. Además, aseguró que existen más de 20 inmuebles dentro del patrimonio de la empresa, lo que —según indicó— permitiría avanzar en una eventual devolución a los damnificados.
El letrado también advirtió sobre posibles contradicciones dentro del propio proceso judicial, al señalar diferencias entre los montos estimados por la fiscalía y los surgidos en el expediente de quiebra. “Hay datos que no coinciden y eso genera más confusión en una causa que ya es compleja”, expresó.
Finalmente, sostuvo que el objetivo de la defensa es doble: por un lado, lograr la libertad de sus defendidos, y por otro, encontrar una solución económica que permita responder a quienes invirtieron en los desarrollos. “La intención es que la gente cobre, pero en estas condiciones el proceso no parece conducir a ese resultado”, concluyó. Mira la nota completa aquí: https://youtu.be/3YbtMBN6mzs?si=EMV5zT-UO9-zhIox
