RedacciónEl Gobierno de Santa Fe avanzó con una medida concreta frente a la ola de amenazas en escuelas: comenzará a cobrar a las familias los costos de los operativos de seguridad que se activan ante cada intimidación.
La decisión quedó formalizada a través de la Directiva N° 05/2026, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que instruye a iniciar acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero que el Estado destina a estos procedimientos.
Los números reflejan la magnitud del problema. Entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones en establecimientos educativos, de las cuales 148 se concentraron en los primeros cinco días y otras 10 en la última jornada.
Cada uno de esos operativos tiene un costo base estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, en función del despliegue de recursos humanos, móviles, logística y material operativo. Incluso, según se advirtió oficialmente, ese monto puede ser mayor dependiendo de la complejidad de cada intervención.
A partir de las investigaciones realizadas, ya fueron identificados varios responsables, en su mayoría menores de edad. En esos casos, el reclamo económico se dirigirá a los adultos responsables.
El procedimiento contempla la apertura de un expediente por cada hecho, la cuantificación de los gastos y una intimación formal de pago. Si no hay respuesta, se dará intervención a Fiscalía de Estado, lo que puede derivar en acciones judiciales con costos adicionales.
Desde el Gobierno remarcaron que no se trata de sanciones penales sino de un resarcimiento económico por el uso indebido de recursos públicos. Además, insistieron en que estas amenazas no son bromas, ya que obligan a movilizar dispositivos de seguridad que dejan de estar disponibles para otras situaciones reales.
La medida apunta a generar un efecto disuasivo y a reforzar la responsabilidad de las familias frente a conductas que, además de tener implicancias penales, generan un fuerte impacto económico para el Estado.
