RedacciónUn grave hecho de inseguridad ocurrido en la localidad de Ataliva derivó en una audiencia clave en Rafaela, donde cuatro personas fueron imputadas por un robo calificado con uso de armas y violencia dentro de una vivienda.
Según se expuso durante la audiencia, el episodio tuvo lugar días atrás en una casa ubicada sobre calle Mariano Moreno, donde al menos tres hombres ingresaron tras engañar a las víctimas, irrumpieron por la fuerza y actuaron armados.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, los atacantes redujeron a las ocupantes del domicilio, las amenazaron y las golpearon mientras exigían dinero y una motocicleta. Durante el asalto, se llevaron teléfonos celulares y una suma cercana a los 300 mil pesos, además de otros elementos personales.
Uno de los imputados habría apuntado directamente a la cabeza de una de las víctimas con un arma, mientras que otro se dirigió a una habitación donde se encontraba otra mujer junto a un menor, a quien también amenazaron en medio del violento accionar.
La investigación también determinó que el hecho habría sido planificado y ejecutado en grupo, con roles distribuidos. Mientras algunos ingresaron a la vivienda, otros habrían colaborado en la logística, aportando vehículos para facilitar la fuga y el traslado de los involucrados.
En el marco de la causa, los imputados son Joel Alejandro Altamirano, Cristian Gustavo Díaz, Macarena Alejandra Monserrat y Juan Manuel Ponce. Según la acusación, los dos primeros junto a un tercer sujeto no identificado habrían participado directamente del robo, mientras que Díaz y Monserrat habrían colaborado en la huida y encubrimiento.
La audiencia fue encabezada por el juez Javier Bottero, con la intervención de la fiscal Lorena Korakis. La defensa de tres de los acusados estuvo a cargo de la defensora pública Victoria Romano, mientras que Juan Manuel Ponce fue representado por el abogado particular Carlos Farías Demaldé.
Durante el debate, la fiscalía sostuvo la gravedad del hecho, remarcó el uso de armas, la violencia ejercida y la existencia de riesgos procesales, como la posible interferencia con las víctimas y la necesidad de avanzar en medidas investigativas pendientes.
Por su parte, las defensas cuestionaron la participación de algunos de los imputados y plantearon la falta de pruebas directas en ciertos casos, además de pedir medidas menos gravosas.
Finalmente, el magistrado resolvió dictar la prisión preventiva por 40 días para Altamirano, Díaz y Ponce, mientras que en el caso de Monserrat dispuso la prisión domiciliaria en una vivienda de Ataliva.
Las víctimas, que prestaron declaración durante la audiencia, manifestaron temor y pidieron que los acusados no regresen a la zona.
La investigación continuará en los próximos días con nuevas medidas para esclarecer completamente el hecho y determinar la participación de todos los involucrados.
