RedacciónUn grupo de organizaciones y ciudadanos presentó una propuesta para avanzar en una nueva ordenanza que regule las aplicaciones de agroquímicos en la periferia de Rafaela, con el objetivo de ampliar la denominada “línea agronómica” y promover modelos de producción agroecológica.
Entre los fundamentos del planteo, los impulsores sostienen que desde hace más de 15 años vienen manifestando ante los poderes Ejecutivo y Legislativo local la necesidad de extender las zonas de resguardo para las fumigaciones y fomentar prácticas agrícolas alternativas.
El documento también menciona presentaciones respaldadas por profesionales vinculados a universidades públicas, quienes advierten sobre los posibles efectos nocivos de los agroquímicos para la salud humana, otros seres vivos y el ambiente, además de señalar la existencia de deriva en las aplicaciones y la necesidad de avanzar hacia sistemas de producción agroecológicos.
Asimismo, se indica que en distintas oportunidades se reunieron firmas de vecinos en apoyo al alejamiento de las fumigaciones de la periferia urbana y al impulso de la agroecología como alternativa productiva.
En otro de los puntos, los firmantes recuerdan que durante el debate de modificaciones a la ordenanza vigente en 2021 se puso el foco en el límite de 200 metros, aunque remarcan que desde hace años existen planteos para ampliar esa distancia a 500, 800, 1.000 o incluso 1.500 metros, en línea con discusiones desarrolladas en la Legislatura santafesina.
La iniciativa es impulsada por Guillermo Dalmazzo, en representación de “Rafaela Sin Veneno por la Agroecología”; Sergio Pino, por la Red Ambiental del Oeste Santafesino; Camila Furlotti, de la organización “Bastión Esperanza”; y Jorge Quevedo, integrante de “Amigos de la Vida”, quienes promueven la actualización de la normativa local sobre aplicaciones de agroquímicos y el fortalecimiento de prácticas agroecológicas en el entorno de la ciudad.
Finalmente, el escrito hace referencia a resoluciones judiciales dictadas en distintos puntos del país relacionadas con la aplicación de agroquímicos y plantea la necesidad de avanzar en políticas que prioricen la protección de la salud pública y del ambiente.
