RedacciónEl Gobierno de Santa Fe concretó este lunes un nuevo derribo de un punto de venta de drogas en barrio Gráfico, en la ciudad de Rosario, alcanzando un total de 133 búnkers inactivados en toda la provincia desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico.
El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado en Benteveo 790 y fue supervisado por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de una investigación vinculada al narcomenudeo y otros delitos asociados.
Con esta intervención, ya son 78 los búnkers derribados en Rosario y 88 en el departamento Rosario, como parte de una política que busca desarticular los lugares utilizados para la comercialización de estupefacientes y otras actividades delictivas.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que el inmueble funcionaba como un "aguantadero" donde, además de la venta de drogas, se registraban hechos de violencia y extorsión que afectaban la convivencia del barrio. También destacó que en esa zona ya se habían realizado otras intervenciones con resultados positivos.
Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio señaló que se trata del quinto búnker inactivado en barrio Gráfico como resultado de una investigación desarrollada por el equipo de Microtráfico. Durante los allanamientos se secuestraron estupefacientes fraccionados y distintos elementos que permitieron avanzar en la identificación de nuevas personas involucradas en la organización.
La investigación contó con el aporte de denuncias realizadas por vecinos a través del 911 y del 0800 habilitado para este tipo de casos, además de pericias sobre dispositivos electrónicos secuestrados durante los operativos. Como resultado de la causa, varias personas permanecen detenidas con prisión preventiva y otras avanzan hacia las instancias judiciales correspondientes.
La Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023, permite intervenir sobre inmuebles utilizados para la venta de drogas y asociados a hechos de violencia. Su implementación se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y los gobiernos locales, con el objetivo de recuperar estos espacios para la comunidad y reforzar la seguridad en los barrios.
