Liberaron al policía imputado por amenazar a su expareja, pero no podrá entrar a Rafaela

La Justicia dispuso la libertad de Marcos Lauriano Rodríguez, el funcionario policial de la Guardia Provincial que había sido detenido tras un allanamiento realizado días atrás en una vivienda de calle Bolinger al 700, en Rafaela.

La resolución se tomó este viernes en una audiencia de atribución imputativa y medidas cautelares desarrollada en la Oficina de Gestión Judicial del Distrito Judicial N° 5. El juez Gustavo Bumaguin homologó un acuerdo entre la fiscal Favia Burella y la defensa, a cargo de Carlos Farías Demalde.

Rodríguez, de 31 años, empleado policial perteneciente a la Guardia Provincial, fue imputado como presunto autor de los delitos de amenaza calificada por uso de arma y amenaza simple, en concurso real. 

Según la atribución fiscal, los hechos se dieron en el marco de una relación de pareja ya finalizada. La acusación sostiene que el policía habría hostigado e intimidado a su expareja a través de mensajes y audios enviados por WhatsApp, en una discusión vinculada al vínculo parental con un hijo en común.

En ese contexto, la Fiscalía le atribuyó haber enviado amenazas de muerte explícitas y también una imagen de una pistola con municiones, similar al arma reglamentaria que tenía por su condición de empleado policial. Entre las evidencias mencionadas aparece la retención de un arma provista Bersa TPR9 calibre 9 milímetros. 

La investigación también incluyó un segundo episodio ocurrido en mayo, cuando el imputado habría ido hasta la vivienda de su expareja, en calle 14 de Julio, y arrojado una maceta contra una ventana, provocando temor en la mujer.

Las medidas que deberá cumplir

Aunque recuperó la libertad, Rodríguez quedó sometido a estrictas reglas de conducta.

Deberá fijar domicilio en la ciudad de Recreo, provincia de Santa Fe, y quedó bajo la figura de un guardador. Además, tendrá que presentarse una vez por semana en la Comisaría 16 correspondiente a ese domicilio.

La medida más fuerte es la prohibición absoluta de ingresar a Rafaela sin autorización judicial.

También se le impuso la prohibición de contacto y acercamiento respecto de la víctima y de un testigo, tanto de manera directa como por intermedio de otras personas. Además, no podrá portar armas.

La Justicia ordenó que se someta a un tratamiento médico o psicológico para control de ira y adicciones, previa evaluación que determine su necesidad y eficacia.

También se dispuso una prohibición de contacto y acercamiento respecto del niño mencionado en la causa, hasta que el Juzgado de Familia de la Quinta Circunscripción resuelva una eventual revinculación.

La libertad quedó sujeta al cumplimiento de todas estas condiciones y al retiro del imputado de la ciudad de Rafaela.