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Un nuevo frente judicial en barrio Italia: allanaron una vivienda y detuvieron a una dirigente vecinal

La investigación apunta a presuntos episodios de hostigamiento contra una adolescente y personas de su entorno. El procedimiento se realizó este jueves en una vivienda de avenida Italia y derivó en la detención de Miriam G., presidenta de la Comisión Vecinal del barrio, quien quedó alojada a la espera de una audiencia judicial.
Judiciales20/08/2026RedacciónRedacción

La Justicia abrió un nuevo capítulo en una causa que tiene como escenario a barrio Italia. Durante la mañana de este jueves, personal de la Policía de Investigaciones llegó hasta una vivienda ubicada sobre avenida Italia y concretó un allanamiento que terminó con la detención de Miriam G., referente de la comisión vecinal del sector.

La medida no está vinculada directamente con el expediente principal que involucra a un familiar suyo, sino con otra investigación en la que se analizan presuntas situaciones de hostigamiento hacia una adolescente y personas cercanas a ella.

Luego del procedimiento, la mujer fue trasladada y quedó alojada en la Alcaidía de la Jefatura.

La próxima instancia será en Tribunales

La expectativa está puesta ahora en la audiencia que podría desarrollarse entre viernes y sábado.

Allí la Fiscalía deberá exponer los elementos reunidos, comunicar formalmente los hechos que le atribuye y precisar la calificación legal. También se definirá qué medidas se adoptarán mientras avance la investigación.

Entre las posibilidades aparecen restricciones de acercamiento y prohibiciones de comunicación con las personas alcanzadas por la causa, aunque la decisión final quedará en manos de la Justicia.

El vínculo con una causa anterior

El expediente tiene como contexto otra investigación judicial en la que un hijo de la dirigente permanece con prisión preventiva acusado de un delito contra la integridad sexual de una adolescente.

Esa causa se inició en 2025 y atravesó distintas revisiones judiciales. En junio pasado, la defensa volvió a solicitar una medida menos restrictiva y propuso incluso una prisión domiciliaria, junto con una caución de $10 millones.

El planteo no prosperó. El juez de Segunda Instancia Matías Drivet resolvió mantener la prisión preventiva al considerar que continuaban vigentes los riesgos procesales.

La Fiscalía, además, ya formuló la acusación y pretende una pena de ocho años de prisión efectiva.

El operativo realizado este jueves suma ahora una investigación diferente, centrada específicamente en los presuntos hostigamientos, cuyo alcance comenzará a quedar más claro cuando se concrete la audiencia correspondiente.

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