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La presidenta de barrio Italia seguirá el proceso en libertad tras ser imputada por amenazas, coacción y difusión de información personal

Miriam Liliana Galaverna fue imputada este sábado en los Tribunales de Rafaela y continuará el proceso en libertad bajo estrictas restricciones. La Justicia le prohibió acercarse o contactar a las personas involucradas y difundir información que permita identificar a una menor.
Judiciales22/08/2026RedacciónRedacción

La situación judicial de Miriam Liliana Galaverna, presidenta de la Comisión Vecinal de barrio Italia, avanzó este sábado con la realización de la audiencia imputativa en los Tribunales de Rafaela.

La dirigente vecinal continuará transitando la causa en libertad luego de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, posteriormente homologado por el juez Javier Bottero.

La investigación está a cargo del fiscal Adrián Soria, mientras que Galaverna es asistida por el abogado Carlos Luis Farías Delmalde.

Tres hechos atribuidos

Según la calificación jurídica comunicada durante el proceso, a Galaverna se le atribuyen tres hechos.

El primero fue calificado como amenazas simples en carácter de autora y el segundo como coacción, también en carácter de autora. Ambos delitos fueron considerados en concurso real entre sí.

Además, se le atribuyó un tercer hecho por publicación no autorizada de información personal, en concurso ideal con estigmatización por conducta sexual agravada por tratarse de una víctima menor de edad.

Durante la audiencia, la defensa rechazó los hechos atribuidos y la calificación jurídica, mientras que Galaverna decidió no prestar declaración.

Seguirá en libertad con restricciones

El juez Javier Bottero dispuso que la presidenta vecinal permanezca en libertad, aunque deberá cumplir una serie de medidas mientras continúa la investigación.

Entre ellas, deberá mantener domicilio fijo, quedar bajo el cuidado de un guardador y presentarse cada 15 días en la Comisaría 13.

También tiene prohibido mantener contacto por cualquier medio con las personas alcanzadas por la medida y acercarse a menos de 200 metros de ellas, sus domicilios, lugares de trabajo, establecimientos educativos o sitios que frecuenten.

La resolución establece además que no podrá publicar ni difundir por redes sociales, medios digitales, radio, televisión, gráfica u otras vías datos que permitan identificar a la menor involucrada o exponer aspectos de su vida privada, íntima, sexual, afectiva o vinculados con su salud.

La causa continuará ahora bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación.

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