Manili: “Esperamos que el juez intime al Gobierno a cumplir con el financiamiento universitario”

Pablo Luis Manili, abogado, profesor, jurista, doctor y posdoctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, analizó este martes en GZ Radio el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales y apuntó contra el Gobierno por la falta de cumplimiento de una medida cautelar.

En diálogo con Gerardo Zanoni, durante el programa Reencuentro, recordó el recorrido legislativo y judicial de una discusión que comenzó con los reclamos para actualizar los recursos destinados al sistema universitario.

Según explicó, después del veto presidencial a una primera iniciativa en 2024, el Congreso volvió a sancionar otra ley durante 2025 y posteriormente logró insistir frente al nuevo veto. Manili sostuvo que, tras ello, el Ejecutivo suspendió su aplicación mediante un decreto, decisión que derivó en una presentación judicial impulsada por 59 universidades nacionales.

“En diciembre conseguimos una medida cautelar. El Gobierno no la cumplió y la apeló”, señaló.

Una cautelar que llegó hasta la Corte

Manili explicó que la medida fue posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones y que el Gobierno intentó llevar la discusión ante la Corte Suprema.

De acuerdo con su relato, el máximo tribunal confirmó la cautelar el 25 de junio y, dos meses después, las universidades todavía esperan su cumplimiento.

El constitucionalista cuestionó las sucesivas dilaciones y afirmó que detrás de la disputa presupuestaria se encuentra la situación de unos 250.000 docentes, 65.000 trabajadores no docentes, hospitales universitarios y aproximadamente dos millones de estudiantes.

Ahora, según indicó, las universidades aguardan que el juez intime formalmente al Gobierno para avanzar con los pagos.

“Estamos esperando que el juez libre la intimación contra el Gobierno para que paguen, con apercibimiento de multa y de mandar las actuaciones a la Justicia penal”, expresó.

Manili sostuvo que un eventual incumplimiento de una orden judicial podría abrir una discusión en torno al delito de desobediencia previsto en el Código Penal.

Una discusión que excede a las universidades

Durante la entrevista también apareció el escenario que atraviesan organismos vinculados con la investigación, la ciencia y la tecnología.

Manili coincidió con la preocupación planteada por Zanoni respecto de instituciones como INTA, INTI, CONICET y ARSAT, aunque aclaró que la acción judicial en la que participa se limita específicamente al cumplimiento de la ley de actualización del presupuesto universitario.

Respecto de los demás organismos, indicó que serán sus trabajadores o las instituciones afectadas quienes deberán evaluar las acciones correspondientes.

Qué pueden hacer quienes están endeudados

La conversación avanzó además sobre otro problema que viene creciendo entre las familias argentinas: las dificultades para pagar créditos, préstamos y compromisos asumidos con bancos, fintech y billeteras virtuales.

Manili puso especialmente el foco en las tasas que cobran determinados proveedores no bancarios y sostuvo que, cuando resulten abusivas, los afectados cuentan con herramientas para recurrir a la Justicia.

Su recomendación fue que quienes consideren estar frente a intereses desproporcionados se acerquen a una fiscalía para consultar la posibilidad de realizar una presentación por usura.

También recordó que las relaciones entre quienes toman un crédito y las empresas que lo otorgan pueden estar alcanzadas por las normas de defensa del consumidor, por lo que existen vías gratuitas para efectuar reclamos donde funcionen organismos o tribunales especializados.

Hostigamiento por WhatsApp y mensajes a familiares

Otro punto abordado fue la actuación de empresas de cobranza que envían mensajes reiterados a personas endeudadas e incluso contactan a familiares.

Para Manili, esas prácticas también pueden ser denunciadas cuando se convierten en hostigamiento.

“Hay que ir y denunciarlo. No puede ser que a la gente la vuelvan loca”, señaló, al advertir sobre el impacto que estas comunicaciones pueden tener sobre personas que ya atraviesan dificultades económicas.

El constitucionalista vinculó el incremento de las deudas con la pérdida del poder adquisitivo y rechazó la idea de que el fenómeno pueda explicarse solamente por decisiones individuales de consumo.

Sobre el cierre, volvió al conflicto universitario y manifestó confianza en que la Justicia finalmente obligará al Estado nacional a cumplir con lo dispuesto, aunque reconoció que las demoras continúan profundizando las dificultades de universidades, docentes, no docentes y estudiantes.