RedacciónUna investigación de enorme alcance judicial comenzó a unir piezas que durante meses aparecieron relacionadas con diferentes episodios ocurridos en Rafaela. Balaceras contra viviendas, procedimientos por drogas, secuestros de armas, movimientos millonarios de dinero y hasta el cautiverio de dos personas forman parte de la trama que el Ministerio Público de la Acusación atribuye a un mismo entramado.
La causa comprende a 23 personas. Para la Fiscalía, no se trataba simplemente de vendedores aislados, sino de una estructura con distintos niveles de responsabilidad: conducción, organización, manejo de puntos de comercialización, recaudación, provisión de drogas, custodia, traslado de armas y personas vinculadas con episodios violentos.
La actividad investigada habría comenzado, según la acusación, al menos en marzo de 2025 y se habría extendido hasta el 21 de agosto de 2026. Entre los lugares que quedaron bajo la lupa aparecen inmuebles de Luis Maggi al 1900, José Donna al 800 e Iturraspe al 1700, además de otros domicilios que fueron surgiendo a medida que avanzaban las investigaciones.
Quiénes aparecen en la conducción
En el escalón más alto, el MPA ubica a Edmundo Modesto Carlos Lombardo, conocido como “Gringo”. Le atribuye ser el jefe de la presunta asociación y la persona a la que reportaban, directa o indirectamente, los restantes integrantes.
La hipótesis sostiene que Lombardo impartía órdenes, intervenía en la administración del dinero, mantenía vínculos con vendedores y proveedores y tenía participación en el manejo de armas. También se le atribuye haber dado instrucciones relacionadas con los puntos de comercialización y distintas situaciones de conflicto.
Franco Cejas, alias “Oreja”, aparece inmediatamente después dentro de la estructura. Según la acusación, habría actuado como organizador y colaborador directo de Lombardo, coordinando actividades, puntos de venta y movimientos internos.
Para los investigadores, Cejas era además una figura que aparecía repetidamente en conversaciones, operaciones económicas y otras causas relacionadas con armas, drogas y hechos violentos.
Lombardo está imputado por asociación ilícita en calidad de jefe y comercio de estupefacientes bajo la modalidad de microtráfico agravado por la intervención de tres o más personas, en calidad de autor. A Cejas se le atribuyen las mismas figuras, aunque dentro de la asociación ilícita como organizador.
Los procedimientos que dejaron cocaína, marihuana y dinero
Uno de los puntos centrales de la investigación está en los allanamientos realizados en diferentes sectores de Rafaela.
En un inmueble de Luis Maggi al 1900 fueron encontrados más de 40 gramos de cocaína distribuidos en 71 envoltorios. Dentro de ese total, cerca de 10 gramos habrían sido hallados entre las pertenencias de Tomás Federico Valenzuela.
Otros procedimientos en José Donna al 800 e Iturraspe al 1700 permitieron encontrar distintos envoltorios y trozos compactos de cocaína, además de marihuana y elementos que los investigadores relacionaron con el fraccionamiento y comercialización de sustancias.
En otra medida relacionada con Leandro David Garetto y Franco Cejas fueron secuestrados un revólver calibre .32, cartuchos, cocaína, cannabis, elementos utilizados para fraccionar sustancias y más de 100 mil pesos en efectivo.
Más de cinco millones de pesos en un domicilio vinculado a Lombardo
Otro procedimiento relevante se concretó en un inmueble de calle Mainardi relacionado con Edmundo Modesto Carlos Lombardo.
Allí fue secuestrada una pistola calibre 9 milímetros, cargadores, cartuchos, teléfonos celulares y sustancias que, tras las pruebas realizadas, dieron resultado positivo para marihuana y cocaína.
También se encontró más de 5 millones de pesos en efectivo.
El análisis de teléfonos secuestrados permitió posteriormente avanzar sobre conversaciones y contactos que el MPA considera compatibles con movimientos de drogas, armas, dinero y órdenes impartidas a otros integrantes.
Un allanamiento clave: cocaína, balanzas y más de $2,5 millones
Uno de los procedimientos más importantes se produjo el 21 de agosto.
En viviendas ubicadas en Zurbriggen al 1100 y Francia al 900 fueron encontrados más de 130 gramos de cogollos de cannabis, decenas de envoltorios con marihuana, seis plantas de cannabis y elementos relacionados con su pesaje.
En el inmueble de Francia al 900, vinculado a Yanina Graciela Cejas, también fueron secuestrados un revólver, tres cartuchos, más de 170 gramos de cocaína, tres cuadernos con anotaciones, cuatro teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión y más de 2,5 millones de pesos en efectivo.
Las anotaciones encontradas también fueron incorporadas al análisis de los investigadores junto con los teléfonos y los movimientos económicos.
Millones de pesos que pasaron de una cuenta a otra
El circuito financiero constituye otro de los ejes de la acusación.
La Fiscalía reconstruyó numerosas transferencias a través de billeteras virtuales entre personas incorporadas a la causa y considera que esos movimientos permiten establecer vínculos permanentes entre distintos integrantes.
En una cuenta atribuida a Yanina Graciela Cejas aparecen operaciones con otros acusados. Durante 2025, Franco Cejas le habría transferido más de 5 millones de pesos. En sentido inverso, desde la cuenta de Yanina se enviaron casi 200 mil pesos.
Uno de los informes incorporados a la investigación incluso la ubica en un supuesto papel de “recaudadora” dentro del funcionamiento económico del grupo.
También se detectaron movimientos desde Natacha Elisabet Meyer hacia Yanina Cejas que habrían superado los 3 millones de pesos.
Respecto de Karen Anyelen Espíndola, se investigaron transferencias por cerca de 1,3 millones de pesos hacia Lombardo.
Otros movimientos atribuidos a una cuenta utilizada por Franco Cejas muestran envíos por más de 1,5 millones de pesos hacia el mismo destinatario.
María Ramona Pizarro también aparece dentro de esta reconstrucción económica. Según la acusación, habría facilitado una cuenta para recibir dinero y se detectaron movimientos provenientes de Franco Cejas por más de medio millón de pesos durante los primeros meses de 2026.
Dos hombres retenidos durante unas 12 horas
Uno de los episodios de mayor gravedad que quedó relacionado con la investigación es la privación de libertad de dos hombres.
Según la reconstrucción fiscal, ambos permanecieron aproximadamente 12 horas retenidos, golpeados, amenazados y bajo vigilancia.
A una de las víctimas le habrían exigido realizar una transferencia por unos 150 mil pesos.
A la otra la habrían obligado a firmar documentación relacionada con la venta de una motocicleta valuada en más de un millón de pesos.
La Fiscalía sostiene que existió una división concreta de tareas: algunos habrían dirigido la maniobra, otros custodiado físicamente a las víctimas y otros aportado cuentas, teléfonos o infraestructura para sostener el episodio.
En este hecho aparecen relacionados Franco Cejas, Carlos Andrés Barberan, José Luis Pizarro, Ariel Gonzalo Gauna, María Ramona Pizarro y Leyla Gauna, entre otros.
Las balaceras que comenzaron a conectar las piezas
La investigación también cruzó la actividad del grupo con diferentes hechos armados ocurridos durante mayo y junio de 2026.
Entre los episodios aparecen ataques contra viviendas, disparos realizados desde motocicletas y hechos en los que resultaron personas heridas.
Uno de esos ataques dejó lesionado a un adolescente de 17 años. En otro episodio, una joven de 23 años recibió un impacto de arma de fuego en uno de sus brazos.
En diferentes escenas se recogieron numerosas vainas servidas y posteriormente se avanzó con teléfonos, testimonios y otros elementos que permitieron profundizar distintas líneas investigativas.
Para el MPA, algunos de estos hechos violentos habrían estado vinculados con disputas, intimidaciones y mecanismos utilizados para ejercer presión o control.
Un arma policial y una moto robada
Otro de los episodios investigados terminó con las aprehensiones de Franco Cejas y Juan Pablo Góngora después de una persecución.
En el procedimiento se secuestró una pistola calibre 9 milímetros.
Al establecer su procedencia, los investigadores determinaron que el arma pertenecía a la Policía de la Provincia de Santa Fe y había sido reportada como sustraída años antes del domicilio de un empleado policial.
La motocicleta en la que se desplazaban también tenía pedido de secuestro por robo.
Los 23 imputados y el rol que les atribuye la Fiscalía
Edmundo Modesto Carlos Lombardo, alias “Gringo”: para el MPA era el jefe de la estructura. Está imputado como jefe de una asociación ilícita y autor de microtráfico agravado. Ya se encontraba privado de libertad cuando avanzó esta investigación.
Franco Cejas, alias “Oreja”: señalado como organizador, coordinador de puntos de venta y nexo directo con Lombardo. Está imputado como organizador de la asociación ilícita y autor de microtráfico agravado. También permanecía detenido previamente.
Carlos Andrés Barberan: para los investigadores actuaba bajo instrucciones de Cejas, interviniendo en intimidaciones, hechos contra la libertad y actividades vinculadas con drogas. Está acusado como miembro de asociación ilícita y partícipe primario del microtráfico agravado. Ya estaba privado de libertad.
Ariel Hugo Cejas: hermano de Franco Cejas. Se le adjudica intervención en el manejo de dinero, compra y acopio de estupefacientes y colaboración con otros miembros. Está imputado como miembro de asociación ilícita y partícipe primario del microtráfico.
Yanina Graciela Cejas: aparece relacionada con el circuito económico, transferencias y movimientos de dinero. Está acusada como miembro de asociación ilícita y partícipe primaria del microtráfico agravado. Uno de los allanamientos más importantes se concretó en su domicilio de Francia al 900.
Leandro David Garetto: la Fiscalía lo coloca en tareas de venta directa, custodia de drogas e intimidaciones. Está imputado como miembro de asociación ilícita y partícipe secundario del microtráfico agravado.
Tomás Federico Valenzuela: señalado como operador vinculado con el traslado de dinero y drogas hacia diferentes puntos. Está imputado como miembro de asociación ilícita y partícipe secundario del microtráfico. Ya se encontraba detenido.
Natacha Elisabet Meyer, alias “Gringa”: la investigación la conecta con venta de estupefacientes, movimientos económicos y armas. Está imputada como miembro de asociación ilícita y partícipe primaria del microtráfico agravado. También estaba privada de libertad.
En otro procedimiento relacionado con Meyer se secuestró una pistola calibre .380 y más de 20 gramos de cocaína.
Laureano Juan Jesús Ardiles: ubicado por la Fiscalía dentro del sector operativo y relacionado con hechos con armas. En esta investigación está imputado como miembro de asociación ilícita. Ya permanecía detenido y aparece relacionado con diferentes episodios de abuso de armas y disparos contra viviendas.
Ariel Gonzalo Gauna: la Fiscalía le atribuye un rol de mando dentro de uno de los puntos y participación en el cautiverio de las dos víctimas. Está imputado como miembro de asociación ilícita y ya estaba privado de libertad.
Leyla Gauna: vinculada al inmueble de Luis Maggi al 1900 y a la comercialización de estupefacientes. Está acusada como integrante de asociación ilícita y también permanecía detenida.
José Luis Pizarro: señalado por tareas de permanencia, vigilancia y atención de un punto de venta, además de aparecer relacionado con el cautiverio. Está imputado como miembro de asociación ilícita y partícipe secundario del microtráfico. Ya estaba detenido.
María Ramona Pizarro: según el MPA, habría aportado infraestructura financiera y una cuenta para recibir dinero, además de comunicaciones relacionadas con el episodio de privación de libertad. Está imputada como miembro de asociación ilícita y ya se encontraba privada de libertad.
Diego Gabriel Lombardo: hermano de Carlos Lombardo. El MPA lo relaciona con acopio, entrega y comercialización de estupefacientes. Está imputado como miembro de asociación ilícita y partícipe secundario del microtráfico agravado. También estaba detenido.
Edmundo Modesto Sergio Lombardo: otro hermano del supuesto jefe. Aparece relacionado con drogas, armas y episodios violentos. En esta investigación está imputado como miembro de asociación ilícita y ya permanecía detenido.
Luján Abigail Chazarreta: señalada como vendedora relacionada con el punto de Iturraspe al 1700. Está imputada como miembro de asociación ilícita y partícipe secundaria del microtráfico. Se encontraba privada de libertad.
Karen Anyelen Espíndola: también vinculada con el punto de Iturraspe al 1700 y movimientos económicos. Está acusada como miembro de asociación ilícita y partícipe secundaria del microtráfico agravado. También estaba detenida.
Juan Pablo Góngora: el MPA lo vincula estrechamente con Franco Cejas y con la custodia de armamento y participación en episodios armados. Está imputado como miembro de asociación ilícita y ya permanecía privado de libertad.
Maximiliano Sebastián Mongon: para la acusación cumplía tareas relacionadas con custodia y traslado de armas y estupefacientes. Está imputado como miembro de asociación ilícita y partícipe secundario del microtráfico agravado. También se encontraba detenido.
Nicolás Andrés Duarte, conocido como “Niquito” o “Nikito”: aparece cercano a Franco Cejas y Natacha Meyer y es señalado como integrante del denominado brazo armado, con intervención en balaceras. Está imputado como miembro de asociación ilícita.
Karen Gisel Stefano: para la Fiscalía habría intervenido en el acopio, custodia y traslado de armas hacia diferentes lugares. Está imputada como miembro de asociación ilícita.
Yamila Anahí Armenta: la investigación la identifica como una persona que habría abastecido de estupefacientes a Franco Cejas cuando contaba con material disponible para comercializar. Está acusada como miembro de asociación ilícita.
Maximiliano Daniela Allassia: así aparece identificado en las actuaciones. La Fiscalía le atribuye tareas de apoyo logístico a Lombardo, traslados vinculados con situaciones de conflicto y guarda de estupefacientes. Está imputado como miembro de asociación ilícita.
Trece también están acusados por microtráfico agravado
De las 23 personas alcanzadas por la investigación, trece afrontan, además de la asociación ilícita, una imputación relacionada con comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.
Son Edmundo Modesto Carlos Lombardo, Franco Cejas, Carlos Andrés Barberan, Ariel Hugo Cejas, Yanina Graciela Cejas, Natacha Elisabet Meyer, Leandro David Garetto, Tomás Federico Valenzuela, José Luis Pizarro, Diego Gabriel Lombardo, Luján Abigail Chazarreta, Karen Anyelen Espíndola y Maximiliano Sebastián Mongon.
Los restantes están imputados dentro de esta investigación como presuntos miembros de la asociación ilícita.
Quince ya estaban detenidos
Otro dato que muestra la dimensión de la causa es que 15 de los 23 imputados ya se encontraban privados de libertad por investigaciones anteriores cuando avanzó este expediente.
En varios casos, además, aparecen relacionados con causas por armas, abuso de armas, drogas, amenazas o delitos contra la libertad.
Los teléfonos permitieron reconstruir la trama
Buena parte de la investigación se apoyó en el análisis forense de celulares secuestrados durante diferentes procedimientos.
A partir de esos dispositivos, los investigadores reconstruyeron contactos, mensajes y transferencias entre distintos acusados y detectaron referencias a puntos de venta, movimientos económicos, armas y personas vinculadas con la estructura.
También fueron incorporados testimonios, intervenciones telefónicas, allanamientos y movimientos realizados mediante billeteras virtuales.
De esa manera, episodios que originalmente aparecían dispersos en diferentes investigaciones comenzaron a ser conectados bajo una misma hipótesis: la existencia de una estructura con funciones distribuidas que habría combinado microtráfico, circulación de armas, manejo de dinero y hechos violentos.
La responsabilidad penal de cada una de las personas mencionadas deberá ser determinada judicialmente. Las conductas descriptas corresponden a las atribuciones realizadas por la acusación y no implican por sí mismas una condena.
