RedacciónEl Gobierno de Santa Fe demolió un inmueble que era utilizado para la venta y comercialización de estupefacientes en la ciudad de Frontera.
El procedimiento se desarrolló este viernes en la intersección de las calles 96 y 9, como resultado de una investigación que se extendió durante varios meses.
Con esta intervención, ya son 11 los puntos de venta de drogas derribados en Frontera y 12 en todo el departamento Castellanos. A nivel provincial, la cifra asciende a 137 desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico N.º 14.239.
El operativo fue coordinado entre la Fiscalía especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía Regional N.º 5 y el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.
El fiscal regional Carlos Vottero explicó que la demolición fue posible a partir de una investigación desarrollada durante varios meses sobre las actividades que se realizaban en el inmueble.
“Se trata de la demolición de un inmueble destinado a la venta y comercialización de estupefacientes”, indicó.
Según detalló, durante el avance de la causa se concretaron detenciones y se secuestraron elementos relacionados con la tenencia y comercialización de drogas.
Vottero también destacó la coordinación entre los distintos organismos judiciales y provinciales que participaron de la investigación y del posterior derribo.
El subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Sebastián Montenotte, señaló que la medida forma parte del plan provincial destinado a combatir a las bandas dedicadas al microtráfico.
“Estamos llevando adelante el derribo en la ciudad de Frontera del punto de venta número 11, en este marco de combatir firmemente a las bandas de microtráfico que tenemos en distintos lugares de la provincia”, afirmó.
El funcionario sostuvo que estas acciones buscan recuperar la tranquilidad y la convivencia en los barrios afectados por la actividad delictiva.
La Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro.
La normativa incorporó nuevas herramientas para investigar los puntos de venta de estupefacientes e intervenir sobre los inmuebles vinculados con esta actividad.
Desde su implementación, el Gobierno provincial trabaja junto con el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia, la Policía de Santa Fe y los gobiernos locales para desarticular estructuras de narcomenudeo, reducir la violencia asociada y recuperar los espacios utilizados para la comercialización de drogas.
