RedacciónLa megacausa que el pasado 26 de agosto dejó formalmente imputadas a 22 personas sumó este lunes una definición central: la investigación seguirá tramitándose ante la Justicia santafesina y no será remitida, al menos en esta instancia, al fuero federal.
La cuestión había sido planteada por las defensas, que cuestionaron la competencia provincial para avanzar sobre una investigación que incluye conductas relacionadas con estupefacientes.
Después de una audiencia que se extendió durante más de 12 horas, el juez Nicolás Stegmayer rechazó esos planteos.
Carbone explicó por qué seguirá en la Provincia
Al finalizar la audiencia, el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone, explicó que el magistrado aceptó la postura sostenida por el Ministerio Público de la Acusación.
Según señaló, Stegmayer consideró que los hechos investigados encuadran dentro de un supuesto de microtráfico y que se encuentran comprendidos dentro de las prioridades de persecución penal establecidas para la Justicia provincial.
La resolución adquiere especial relevancia porque las defensas pretendían que la investigación dejara los Tribunales provinciales y pasara a la órbita federal.
Con esa discusión resuelta por ahora, la causa continuará avanzando en Rafaela.
La causa alcanza a 22 personas
La audiencia cautelar fue la continuación de la imputativa realizada el miércoles 26 de agosto, cuando quedaron formalmente acusadas 22 personas dentro de una investigación por una presunta asociación ilícita y diferentes conductas vinculadas al microtráfico.
No todos enfrentan las mismas atribuciones ni el mismo grado de responsabilidad. La Fiscalía sostiene que dentro de la estructura investigada habrían existido distintos niveles de participación y funciones.
Durante la audiencia de este lunes también se resolvieron las medidas cautelares. De los 22 imputados, 20 quedaron sometidos a prisión preventiva: 17 deberán cumplirla en dependencias del Servicio Penitenciario y tres bajo modalidad domiciliaria.
Restricciones especiales para quienes son señalados como jefe y organizador
Otro de los pedidos aceptados por el juez estuvo dirigido específicamente a quienes la acusación ubica como jefe y organizador de la presunta asociación ilícita.
A solicitud de la Fiscalía se impusieron medidas contempladas en el artículo 220 bis del Código Procesal Penal provincial.
Carbone explicó que se solicitaron restricciones temporales sobre las visitas y comunicaciones, además de impedir el contacto con otras personas investigadas dentro de la misma causa.
El objetivo de esas medidas es evitar contactos que puedan interferir con el desarrollo de la investigación mientras los imputados permanecen privados de su libertad.
Una audiencia que cerró otra etapa de la causa
Junto a Carbone participaron las fiscales Cecilia Doro y Fabiana Bertero, de la Fiscalía Regional 5.
La extensa jornada permitió resolver dos cuestiones que habían quedado abiertas después de las imputaciones del 26 de agosto: la discusión sobre qué Justicia debía intervenir y la situación cautelar de los acusados.
Con el rechazo al pedido de incompetencia, la Fiscalía provincial conservará el control de una investigación que, por la cantidad de involucrados y la variedad de hechos atribuidos, se convirtió en una de las causas judiciales de mayor dimensión que actualmente tramitan en Rafaela.
