RedacciónLa megacausa que investiga una presunta asociación ilícita vinculada a hechos de violencia y otras conductas delictivas sumó este martes una nueva definición judicial en Rafaela.
Esta vez, la audiencia estuvo centrada en Karen Gisel Stefano, quien llegó detenida y cuya situación cautelar debía resolverse luego de la imputación formulada en su contra.
Tras escuchar durante más de una hora los argumentos de la Fiscalía y las defensas, el juez Gustavo Javier Bumaguin dispuso que permanezca bajo prisión preventiva, pero bajo modalidad domiciliaria.
La medida regirá mientras avance el proceso y deberá cumplirse en una vivienda de calle Mainardi, con controles sorpresivos y esporádicos.
La defensa cuestionó el peso de la evidencia
Los abogados José María Silvela y Andrés Alberto Colón rechazaron el pedido de prisión preventiva ordinaria y pusieron el foco en la evidencia reunida hasta el momento.
Entre sus argumentos señalaron que no existirían imágenes que mostraran a Stefano manipulando armas y cuestionaron que su vinculación con algunos de los hechos se apoyara principalmente en conversaciones telefónicas y en la relación que mantenía con otro de los investigados.
La defensa sostuvo además que Stefano se presentó ante la Justicia, que su teléfono ya había sido secuestrado y peritado y que tiene hijos menores bajo su cuidado.
Por ese motivo plantearon alternativas menos gravosas y, subsidiariamente, solicitaron que cualquier prisión preventiva fuera cumplida bajo modalidad domiciliaria.
Fiscalía vinculó chats con el contexto de las balaceras
Las fiscales María Cecilia Doro y Fabiana Bertero sostuvieron, en cambio, que existían elementos suficientes para mantener una medida cautelar.
Durante la discusión hicieron referencia a conversaciones incorporadas a la investigación y al contexto de las balaceras que forman parte de la megacausa. Entre los elementos mencionados apareció un mensaje en el que, según la acusación, Stefano habría solicitado “la 22” durante una jornada vinculada temporalmente con aquellos episodios.
La Fiscalía también sostuvo que habría realizado un aporte a la presunta asociación investigada y planteó la existencia de riesgos procesales.
El juez habló de “escasa evidencia”, pero consideró suficiente lo reunido hasta ahora
Uno de los puntos más relevantes de la resolución apareció en los fundamentos del magistrado.
Bumaguin coincidió parcialmente con la defensa al señalar la escasa evidencia disponible hasta esta instancia y sostuvo que la investigación deberá reforzarse y profundizarse.
Sin embargo, consideró que, para el grado de probabilidad exigido en esta etapa inicial del proceso, existen elementos suficientes para sostener provisoriamente la imputación.
El juez también observó que, aunque durante la causa hubo referencias a comercialización de estupefacientes, en la evidencia discutida específicamente respecto de Stefano aparecían principalmente menciones relacionadas con armas de fuego.
Domiciliaria, controles y prohibiciones
Finalmente, el magistrado descartó la libertad plena pero aceptó una modalidad menos restrictiva que la prisión en una dependencia penitenciaria.
Stefano deberá permanecer en prisión preventiva domiciliaria mientras se tramite el proceso.
Además, tendrá prohibido tener bajo su custodia armas de fuego o material estupefaciente y no podrá mantener contacto, por ningún medio, con testigos ni con otros imputados de la causa.
La decisión suma así otra resolución dentro de una investigación que continúa abierta y sobre la cual el propio juez advirtió que todavía será necesario profundizar la producción de evidencia.
