RedacciónLa Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) expresó públicamente su repudio a las amenazas recibidas por Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
A través de un comunicado, la entidad manifestó su preocupación por lo sucedido y puso el foco en el clima de creciente agresividad que, según señaló, atraviesa parte del debate público.
Para FISFE, los agravios, las descalificaciones y los discursos que promueven la violencia corren el riesgo de convertirse en situaciones naturalizadas, con consecuencias que trascienden a las personas directamente afectadas.
“La violencia y las amenazas no pueden naturalizarse”
La Federación consideró que cuando este tipo de expresiones derivan en amenazas se pone en riesgo la integridad de las personas y también se afectan valores fundamentales para la convivencia democrática.
En ese marco, reafirmó su compromiso con las instituciones, el Estado de derecho y el diálogo como herramientas necesarias para procesar diferencias y construir consensos.
“La violencia y las amenazas no pueden naturalizarse. El respeto por las instituciones y el diálogo son pilares fundamentales de la convivencia democrática”, sostuvo la entidad.
El respaldo al sistema universitario
FISFE destacó además el papel que cumplen las universidades públicas dentro de la estructura social y productiva de Santa Fe.
La entidad resaltó su importancia en la formación de profesionales, la generación de conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo socioeconómico de la región.
Desde esa perspectiva, consideró que cualquier intento de intimidación contra autoridades universitarias constituye un hecho de gravedad que merece un rechazo amplio.
Pedido para que se investiguen las amenazas
La Federación manifestó su solidaridad con Bartolacci, su equipo de trabajo y toda la comunidad universitaria.
También instó a las autoridades competentes a investigar lo sucedido con el objetivo de esclarecer las amenazas e identificar a sus responsables.
El comunicado concluye con una definición contundente: “La convivencia democrática exige responsabilidad, respeto y diálogo. Ninguna diferencia justifica la violencia ni las amenazas”.
