RedacciónLa Cámara de Diputados de Santa Fe avanzó con una modificación profunda del sistema destinado a registrar y controlar a quienes incumplen obligaciones alimentarias.
La iniciativa obtuvo media sanción y propone transformar el actual registro en una herramienta digital, gratuita e interoperable, con intercambio de información entre el Poder Judicial y organismos de la administración provincial.
El objetivo es que la condición de una persona obligada al pago pueda verificarse de manera más ágil y que el incumplimiento tenga consecuencias concretas.
Un sistema conectado entre Justicia y Provincia
Uno de los cambios centrales será la administración del registro a través del Poder Ejecutivo provincial mediante una plataforma digital.
El esquema prevé que la información judicial pueda cruzarse con distintas dependencias públicas, evitando que quienes reclaman alimentos deban recorrer organismos para acreditar reiteradamente una situación de mora.
También se contempla una sección específica para las personas declaradas judicialmente como morosas.
La propuesta surgió de la unificación de iniciativas provenientes de distintos bloques y de aportes realizados por el Ejecutivo provincial.
Qué restricciones podrían enfrentar los deudores
La reforma incorpora una serie de consecuencias para quienes ingresen formalmente al registro.
Entre ellas aparece la imposibilidad de oficializar candidaturas para cargos electivos provinciales, municipales o comunales.
También se plantean restricciones para ingresar a estadios donde se disputen partidos de fútbol de primera división dentro de Santa Fe.
Otra de las medidas impediría cobrar premios obtenidos a través de juegos de azar legales administrados por la Lotería de Santa Fe.
Además, la condición de deudor podría generar impedimentos en determinados trámites administrativos, concesiones, subsidios, licencias y renovaciones ante organismos públicos.
El argumento detrás de la reforma
Durante el tratamiento, la diputada Lionella Cattalini sostuvo que el incumplimiento alimentario no puede analizarse únicamente como una deuda económica, sino por las consecuencias que genera sobre la vida cotidiana de niños y adolescentes.
“Reconocer judicialmente un derecho alimentario no tiene sentido si después no se cumple en forma efectiva y a tiempo”, expresó.
La legisladora remarcó que detrás de una cuota impaga pueden quedar comprometidos gastos vinculados con vivienda, educación, transporte, vestimenta y otras necesidades básicas.
Los números expuestos durante el debate
Cattalini citó estadísticas de UNICEF para dimensionar la problemática.
Según los datos mencionados en el recinto, el 56% de las mujeres que no conviven con los padres de sus hijos no recibiría cuota alimentaria, mientras que un 68% la percibiría de manera irregular o incompleta.
Las cifras fueron utilizadas para fundamentar la necesidad de contar con mecanismos estatales más rápidos para detectar incumplimientos y facilitar el acceso a información patrimonial y laboral.
Menos trámites para las familias que reclaman
Otro de los aspectos cuestionados durante la discusión fue la carga que actualmente recae sobre quienes deben iniciar acciones para lograr el cumplimiento.
Cattalini planteó que muchas familias terminan buscando por sus propios medios información sobre empleos, ingresos o bienes de la persona obligada al pago.
“No podemos dejar solas a las familias”, señaló la diputada, quien además remarcó que la cuota alimentaria “no es una ayuda ni una concesión”, sino una obligación.
Con la media sanción de Diputados, la reforma dio un nuevo paso legislativo. De completar su trámite, Santa Fe contará con un registro más amplio y conectado con distintas áreas estatales, acompañado por nuevas restricciones para quienes sean declarados morosos alimentarios.
