En marzo, el gobierno nacional emitió el Decreto de Necesidad de Urgencia N° 274/24, que modificó la fórmula de movilidad previsional, ajustando las jubilaciones mensualmente con la tasa de inflación de dos meses atrás. Esta nueva fórmula, aplicada desde abril, creó inconsistencias con la fórmula anterior, especialmente en la actualización de las jubilaciones para el mes de marzo, que se basaron en las variaciones hasta diciembre de 2023.

El DNU cubrió parcialmente el “bache” de enero 2024 con un aumento único del 12,5%, mientras que la inflación de enero fue del 20,5%. Este ajuste, significativamente menor que la inflación real, tenía como objetivo contribuir al superávit fiscal, pero también amplificó las debilidades jurídicas del decreto.

Para corregir esta situación y reducir los riesgos de litigiosidad, la oposición avanzó con un proyecto de ley que estipula un aumento único en abril igual a la inflación de enero. Esto, aunque aumenta el gasto público, es más consistente con la regulación de la movilidad por ley y reduce las posibilidades de litigios futuros. En respuesta, el presidente Milei amenazó con vetar la ley si es sancionada.

Comparación de Alternativas para el Superávit Fiscal

Para evaluar cuál alternativa es más consistente con un superávit fiscal sostenible, consideremos lo siguiente:

1.    Situación Actual: En junio de 2024, el haber medio, incluyendo el bono no sujeto a movilidad, está aproximadamente un 37% por debajo del nivel registrado en 2017.
2.    Impacto del Proyecto de Ley: Con la aprobación del proyecto de ley en Diputados, el haber medio subiría un 6%, quedando aún un 33% por debajo del haber medio de 2017.

Estos datos indican que el proyecto de ley no desestabiliza las cuentas públicas, sino que mantiene el gasto previsional significativamente por debajo de los niveles históricos, a pesar de la crisis inflacionaria desde 2018.

Además, la expansión del gasto que implica la nueva regla de movilidad es menor que las erogaciones actuales del bono de $70,000 pagado a los haberes más bajos. Redefinir este bono de manera más restrictiva y focalizada permitiría compensar el mayor costo de la nueva movilidad, logrando un ahorro similar.

Consideraciones Jurídicas y Contables

La contabilidad pública, a diferencia de la privada, registra el gasto de un juicio cuando se paga, no cuando se produce el hecho generador. Esto sobrevalora el superávit fiscal logrado con el DNU, ya que no se contabilizan previsiones por juicios de movilidad. El proyecto de ley de Diputados, al reducir los riesgos de juicios, evita estas "erogaciones ocultas" futuras.

Conclusión

El proyecto de ley aprobado en Diputados preserva más el superávit fiscal que el DNU, debido a la extensa jurisprudencia que indica que la movilidad debe ser regulada por ley y de manera consistente. El DNU, con su naturaleza jurídica y empalme arbitrario, fomenta la litigiosidad. Por lo tanto, la implementación correcta de la ley es fundamental para un superávit fiscal sostenible y para mantener la estabilidad en las cuentas públicas.

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