La solicitud requiere que se informe sobre la cuantificación económica y material de los daños, y si será el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) quien deba asumir los costos derivados de estos incidentes. Además, se pregunta si la obra contaba con personal de seguridad al momento de los hechos y si se planea reforzar esta medida, considerando que el área permanecerá deshabitada por un tiempo prolongado.

Otro aspecto clave es conocer el estado actual de la adjudicación de los terrenos, ya que los daños podrían retrasar las habilitaciones necesarias para la adjudicación definitiva.

Los concejales fundamentan su solicitud en el creciente número de delitos en la ciudad, destacando que los materiales eléctricos son un objetivo frecuente para los delincuentes debido a su alta demanda en el mercado informal. Además, subrayan que tanto obras públicas como privadas han sido afectadas, y que en el caso de "315 lotes", las pérdidas son millonarias, lo que podría impactar significativamente en el desarrollo del proyecto y en la seguridad del área hasta que se complete su urbanización.

La minuta busca que el Ejecutivo Municipal tome medidas concretas para prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad de las obras en curso.