El gobierno de Maximiliano Pullaro ha presentado un proyecto de ley que propone la declaración de "emergencia previsional" en la provincia, estableciendo un aporte solidario obligatorio para los jubilados que perciban más de dos haberes mínimos. Esta medida, de carácter no voluntario, se extenderá por un período de cuatro años y busca paliar el déficit del sistema jubilatorio. Solo quedarán exentos aquellos que cobren menos de 735 mil pesos, equivalente a dos mínimas.

La escala propuesta por el Ejecutivo establece un descuento del 2% para jubilados que ganen entre dos y cinco mínimas (735.400 y 1.838.500 pesos), incrementándose a medida que los ingresos sean mayores. Quienes perciban entre cinco y ocho mínimas aportarán el 3%, mientras que aquellos que cobren entre ocho y once mínimas enfrentarán un descuento del 4%. Los jubilados que perciban entre once y catorce mínimas aportarán el 5%, y quienes superen este último umbral (más de 5,1 millones de pesos) deberán ceder un 6% de su haber mensual.

Además, el proyecto incluye a los trabajadores activos de los tres poderes del Estado. Funcionarios, legisladores, magistrados y autoridades de diversos organismos deberán realizar un aporte solidario del 2,77% de sus sueldos durante los próximos tres años. Este "aporte de la casta", como lo ha denominado irónicamente el Ejecutivo, está destinado a aquellos que asumieron funciones a partir del 11 de diciembre de 2023.

La propuesta del gobierno provincial busca replicar medidas similares tomadas en gestiones pasadas, como las de Carlos Reutemann y Jorge Obeid, donde la emergencia previsional también resultó en ajustes de haberes y aumentos de aportes. Esta vez, el objetivo es generar una solución sostenible en el tiempo, aunque la medida ha generado resistencia en sectores afectados.