La Caja de Jubilaciones, con la lupa puesta en los déficits de los municipios de Santa Fe

La Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe está realizando un exhaustivo trabajo de inspección y supervisión sobre los municipios de la provincia de Santa Fe -los adheridos son 51 en total, más la ciudad capital-. Ocurre que desde antes de la pandemia en el 2020 no se inspeccionaban las cajas.

La irregularidad más detectada fue el déficit en los aportes y contribuciones que deben realizar los afiliados a cada caja municipal, más el porcentaje de los agentes municipales activos y de las patronales. Estos son los ingresos que permiten la sostenibilidad del sistema, para que cada pasivo municipal cobre en tiempo y forma su haber jubilatorio.

A la fecha se inspeccionaron presencialmente cuatro municipios de la bota santafesina: San Cristóbal, Ceres, Vera y Calchaquí. “Pero el objetivo es alcanzar a supervisar una decena antes de que termine el año. Ya tuvimos reuniones con autoridades de los municipios de Laguna Paiva y Gálvez. Buscamos ordenar las cuentas”.

Contexto deficitario

“La Caja está atravesando un momento difícil, pues hay una situación deficitaria en general. Sin embargo, hay municipios adheridos que no son deficitarios; otros que sí lo son, y otros en los que hay superávit, pero esto no quiere decir que no tengan algunas irregularidades en cómo declaran los números y cómo ingresan los aportes”, describió la titular de la Junta Administradora.

Dos datos salientes. El primero, que el déficit de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe acumulado en el año 2023 fue de $39.416.480,35. En lo que va de 2024, los números van variando mes a mes, con lo cual no se tiene un monto total certero.

El segundo, que la Caja Municipal de la ciudad de Santa Fe es uno de los organismos principales, porque es el que más afiliados y más activos reportan al sistema. En total la Caja tiene 9.096 agentes municipales activos de todas los municipios adheridos de la provincia: de ese total, 3.900 son de esta capital.

Cómo se procede

La normativa que regula todos los procedimientos administrativos de la Caja es la Ordenanza N° 6.166. Data de la década del ‘80, pero es la vigente. Esa norma faculta a la Junta a realizar estas inspecciones, para poder controlar los ingresos de los aportes que deben hacer los municipios adheridos. Como se dijo, hacía más de cuatro años que las supervisiones no se realizaban.

Lo primero fue diseñar un plan anual de inspecciones, que fue aprobado por la Junta mediante la Resolución N° 6666, en mayo pasado. “Allí se establecieron los criterios de selección de los organismos que vamos a inspeccionar, en lo que respecta a irregularidades e inconsistencias en los fondos aportados”, agregó la funcionaria. El otro criterio es el geográfico, ya que desde la Junta de la Caja sus referentes visitan de forma presencial a los municipios.

“Fuimos al municipio de San Cristóbal, al de Ceres, Calchaquí y Vera. Estamos teniendo una relación cercana, de seguimiento. Buscamos trabajar de forma colaborativa para, por un lado, mejorar los fondos que desde esos gobiernos locales deben ingresarse correspondientes a los afiliados, y por otro lado, la respuesta que tenemos que darles como Caja, para ir resolviendo los trámites de jubilaciones y de pensiones”, amplió López Delzar.

Tipos de aportes

La ordenanza Nº 6166 (artículo 19, incisos 2 y 10) establece que el aporte personal (de los afiliados) debe ser del 13%, y la contribución patronal (de cada municipio) es del 19,2% de las remuneraciones percibidas por los afiliados en actividad. “Somos una de las Cajas que ya tenemos bastante alta la contribución patronal, y el aporte personal es bajo en comparación con otras Cajas”, aseguró la presidenta.

También, en el trabajo de inspección se hace un cotejo donde se evalúan determinados ítems: “Esto implica revisar la declaración jurada donde cada municipio informa la nómina de sus empleados, qué se abonó, cuál fue el aporte, y después a todo eso verlo en los recibos de sueldo, porque por ahí hay suplementos que se escapan, pues no fueron declarados”, apuntó.

La resolución estipula además todos los documentos que se exigen en el control como, por ejemplo, los recibos de sueldo, si tienen ART, pólizas de seguros, los comprobantes de transferencias, el extracto bancario, entre otros. Los inspectores de la Caja Municipal deben avisar con una antelación de 48 horas a la localidad a la cual visitarán para hacer el control.

“Estamos en ese rol de controlar y verificar. En julio, se notó la necesidad de establecer otra resolución que implica cómo se determinan de oficio las deudas por distintos conceptos y cómo se actualizan. Y en octubre se cumplen algunos plazos sobre intimaciones que realizamos a los municipios, para que remitan más información que requerimos, y para poder decir, con números más claros, qué déficit se ha detectado en cada una de las inspecciones”, agregó.

Facilidades de pago

"Después de la resolución y de que comenzamos a hacer las inspecciones, surgió la necesidad de dar a los municipios en mora con sus cajas posibilidades de planes de pago, o firmar convenios en cuotas a los municipios y comunas por hasta 36 cuotas. La intención es que puedan ponerse al día algunos municipios que arrastran deudas de vieja data”, cerró López Delzar.

Fuente: ellitoral.com