Entre los beneficios detectados se encuentran un bono anual en concepto de “turismo”, equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil ($271.571,22 para cada trabajador), sumado a bonificaciones en el pago de las facturas de luz y gas. En este último caso, se descubrió que la empresa absorbe los gastos de gas de sus empleados, además de bonificar el consumo de electricidad, cargando solo los impuestos a los empleados.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, ha solicitado que en 15 días la EPE presente un proyecto de reingeniería para aumentar la eficiencia y eliminar estos beneficios, que, según el gobierno, encarecen la tarifa final para los usuarios. También pidió eliminar la prioridad en la contratación de familiares de empleados, un punto que ha generado conflicto con el sindicato Luz y Fuerza, que defiende las condiciones establecidas por el convenio colectivo de trabajo.

El gremio, por su parte, pidió diálogo para resolver las diferencias y aseguró que no existen privilegios, sosteniendo que las relaciones laborales están debidamente reguladas.

Esta situación ha abierto un debate sobre las condiciones laborales en empresas estatales y su impacto en las finanzas públicas y la eficiencia de los servicios.