Un punto central es reforzar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que ayudaría a equilibrar los aportes para familias de menores ingresos, permitiendo un acceso más equitativo a los servicios de salud.

En el sistema tradicional, los trabajadores estaban afiliados exclusivamente a la obra social de su sector, que redistribuía los recursos entre sus afiliados según sus aportes. Sin embargo, este esquema resultaba insuficiente para cubrir las diferencias de ingresos, lo que generaba desigualdades en la calidad de atención. A partir de los ‘90, la libertad de elección permitió a algunos trabajadores destinar sus aportes a seguros privados, aunque los hogares con menores ingresos quedaron en desventaja debido a un refuerzo insuficiente del FSR.

Hoy, con el nuevo modelo, las prepagas y obras sociales compiten directamente, eliminando la intermediación. No obstante, muchas familias aún se ven limitadas en su elección debido a su bajo nivel de aportes, que no cubre el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO). Este esquema es favorable para las familias con aportes altos, pero podría resultar excluyente para las de menores recursos.

Para que el cambio sea efectivo, es necesario asignar la totalidad del FSR al refuerzo de los aportes más bajos, como fue la intención de la reforma de los años ‘90. Asimismo, ordenar el PMO eliminando servicios no médicos y financiando la innovación en medicamentos mediante el Estado ayudaría a mantener la atención médica básica sin sacrificar calidad en otros aspectos.