El Gobierno de Santa Fe, junto a Neuquén y Salta, ha decidido aplicar un impuesto especial a los contribuyentes que se adhieran a la segunda etapa del Régimen de Regularización de Activos. Esta medida se enmarca en el cierre de la primera fase del blanqueo nacional, que registró la adhesión de más de 105 mil contribuyentes y un ingreso de más de USD 19.000 millones, según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Neuquén fue la primera en implementar este tributo al sumarse al régimen nacional, estableciendo que quienes regularicen activos también deberán pagar un impuesto local adicional. La normativa provincial impone una escala progresiva con alícuotas que varían entre el 0,75% y 1,25%, según el momento de la adhesión y el monto exteriorizado que supere los USD 100.000. Por ejemplo, quienes declaren hasta el 30 de noviembre tributarán un 0,75%, aumentando al 1% si se realiza antes del 31 de enero de 2025 y al 1,25% antes del 30 de abril de 2025.

En Salta, el enfoque es similar. La provincia sancionó la Ley 8461 que establece un "Impuesto Especial de Regularización" equivalente al 10% del tributo nacional sobre activos regularizados, con ciertas exenciones previstas para casos especiales. Esta ley busca incentivar la transparencia fiscal al mismo tiempo que asegura un mayor ingreso para las arcas provinciales.

Santa Fe, por su parte, aún no ha formalizado la aplicación del impuesto, pero un proyecto de ley ya ha sido presentado en su legislatura. El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, explicó que la propuesta incluye un tributo del 2% sobre el excedente de USD 100.000, con la particularidad de que lo recaudado se destinará como crédito fiscal para nuevos proyectos productivos y de construcción de viviendas. Olivares aseguró que la provincia implementará controles estrictos para garantizar que no haya vínculos con actividades ilícitas.

Este nuevo esquema de impuestos provinciales recuerda a la política implementada durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando provincias como La Pampa aplicaron impuestos adicionales sobre los bienes regularizados, desatando polémicas sobre la territorialidad fiscal. El antecedente podría anticipar nuevos desafíos judiciales, dado que las provincias están nuevamente ejerciendo potestades fiscales que algunos consideran excesivas.