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El Senado de la Provincia de Santa Fe repitió un pedido de informes al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y a la Secretaría de Niñez sobre los plazos para declarar la “adoptabilidad” de los menores separados de su familia por razones de protección. Esta consulta, planteada en 2022, sigue sin respuesta oficial.
Nacionales22/11/2024RedacciónEl senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) presentó un extenso pedido de informes en la Cámara alta, dirigido al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, con el objetivo de obtener respuestas sobre el tiempo que los menores separados de su entorno familiar deben esperar hasta que se inicie el proceso de adopción. Este mismo planteo había sido realizado en 2022, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta oficial.
Pirola destacó la preocupación de la sociedad respecto a las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan los niños y adolescentes, quienes, al ser separados de su familia por razones de protección, enfrentan largos períodos de incertidumbre antes de que se declare su adoptabilidad. En este contexto, el senador recordó que la Ley N° 12.967 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que, ante situaciones de amenaza o vulneración de derechos, el Estado puede tomar medidas de protección excepcional, que en muchos casos incluyen la separación de los menores de su familia.
"Si bien estas medidas deben ser restrictivas y excepcionales, es una realidad que debemos enfrentar para garantizar que los plazos de inestabilidad sean lo más cortos posibles, para no afectar el bienestar de los niños", reflexionó Pirola. En su proyecto, señaló que el tiempo transcurrido entre la separación y la declaración de adoptabilidad afecta gravemente la salud emocional y el desarrollo de los menores.
El pedido de informes consta de siete puntos clave que buscan comprender el funcionamiento de las medidas de protección y el proceso hacia la adopción:
1-Cantidad de medidas de protección excepcional dictadas durante el año 2023, detallando cuántas fueron adoptadas en carácter de urgencia.
2-Número de recursos administrativos interpuestos por familiares o responsables del menor en relación a las medidas de protección tomadas.
3-Cantidad de recursos interpuestos que han sido aceptados por la Autoridad Administrativa.
4-Tiempo promedio entre el dictado de una medida de protección excepcional y la declaración del estado de adoptabilidad del menor, en aquellos casos en los que la vulneración de derechos persiste.
5-Métodos de notificación que utiliza la Secretaría para comunicar las decisiones tomadas en el marco de medidas de protección integral.
6-Mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, y la integridad de los derechos del niño, niña o adolescente.
7-Mecanismos de control en el Programa de Acogimiento Familiar para asegurar el bienestar de los menores y las familias involucradas en la resolución de su situación.
Pirola hace hincapié en que, tras la separación del niño de su entorno familiar, la Secretaría evalúa varias alternativas, como la posibilidad de delegar el cuidado en familiares que garanticen la seguridad del menor o en instituciones oficiales, o bien, en familias solidarias a través del Programa de Acogimiento Familiar, hasta que se resuelva la situación a largo plazo. Sin embargo, el senador destaca que muchas de estas soluciones son transitorias y pueden prolongarse de manera indefinida, lo que genera angustia y confusión en los menores, que no tienen claridad sobre su futuro.
"Lo transitorio de estas soluciones afecta gravemente los derechos de los menores, creando un estado de angustia constante y afectando su estabilidad emocional", señala Pirola. Además, subraya que, en muchos casos, la separación de la familia y la posterior declaración de adoptabilidad termina convirtiéndose en una situación permanente, lo que solo resuelve la angustia de los menores una vez que se comienza a gestionar su adopción.
Este pedido de informes busca garantizar que los plazos y procedimientos sean transparentes y que se priorice el bienestar de los niños en todo el proceso, con el fin de darles la posibilidad de una vida estable y una familia que les brinde afecto y seguridad.
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