Redacción
El Gobierno dio un fuerte golpe de timón en el tratamiento del Presupuesto 2025, suspendiendo la reunión prevista para este martes con el fin de dictaminar el proyecto. La decisión dejó a los gobernadores y a la oposición en una situación incierta, con el plazo para decidir si se acepta el proyecto oficialista o si se prorroga nuevamente el Presupuesto de 2023. La jugada busca acorralar a los mandatarios provinciales, quienes hasta último momento negociaban un dictamen alternativo junto a los bloques opositores.
La cita prevista para las 15 horas de este martes se suspendió una hora antes de la reunión, lo que generó desconcierto en el Congreso. El diputado libertario José Luis Espert fue el encargado de anunciar que el Gobierno aún contempla la posibilidad de llamar a sesiones extraordinarias, pero solo si se llega a un acuerdo sobre el Presupuesto. En este contexto, la Casa Rosada dejó claro que si no hay consenso, la alternativa será prorrogar el actual Presupuesto de 2023.
"Si no llegamos a un acuerdo, no tenemos más opción que prorrogar el presupuesto 2023", afirmaron desde la Casa Rosada, subrayando que la falta de acuerdo con los gobernadores, sumada a las amenazas de la oposición, hace inviable un proyecto de ley que no sea respaldado por todos los sectores. Desde el oficialismo insisten en que la negociación debe centrarse en un acuerdo serio, donde las provincias resignen los pedidos que han elevado al Ejecutivo.
El trasfondo de esta crisis se halla en las disputas sobre las partidas presupuestarias y el control de las obras públicas. En particular, los gobernadores están interesados en un artículo del borrador presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que otorga mayor discrecionalidad al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para ejecutar convenios de obras públicas firmados con las provincias. Este artículo ha generado tensiones, ya que los mandatarios provinciales temen que las negociaciones paralelas socaven el control sobre los fondos y las obras necesarias en sus regiones.
Desde el PRO, aseguran que los gobernadores están intentando evitar una negociación a gran escala con el Ejecutivo, buscando acuerdos aislados que no afecten sus intereses. A su vez, algunos sectores del bloque peronista temen que la oposición, al rechazar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculados al Presupuesto, empodere a las provincias en la discusión del presupuesto, lo que podría desestabilizar aún más la situación.
El escenario se complica por la falta de consenso entre los actores principales. La oposición considera que la posible baja del DNU 846, que facilita el canje de deuda en dólares sin la autorización del Congreso, les otorga una carta para presionar al Ejecutivo. Sin embargo, algunos gobernadores, que temen la reconfiguración del escenario político, prefieren mantener el presupuesto en "stand by" para evitar que la situación se complique aún más.
En este escenario, la Casa Rosada parece apostar a la prórroga del presupuesto 2023 como una estrategia para ganar tiempo y evitar que la oposición acapare la agenda legislativa antes de finalizar el periodo ordinario. Sin embargo, el dilema sigue siendo el mismo: ¿lograrán los gobernadores ceder ante la presión del Gobierno, o terminará el Congreso atrapado en un juego de negociaciones sin salida?
Con el plazo para convocar a sesiones extraordinarias ya muy cercano, todo apunta a que el destino del Presupuesto 2025 quedará pendiente hasta último momento. Mientras tanto, la incertidumbre crece, y la posibilidad de una prórroga parece cada vez más probable.
