Redacción
Por medio del Decreto N.º 2441, el gobierno de Santa Fe decidió postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Juvenil, cuya implementación estaba inicialmente prevista para principios de 2025. Según el Ejecutivo, la demora responde a "razones fácticas" que impiden cumplir con los requisitos necesarios, como la adecuación de edificios, cargos y sistemas informáticos.
El nuevo sistema procesal implica la absorción de los trámites del actual Sistema Penal de Menores por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Para ello, resulta imprescindible contar con infraestructura adecuada y personal capacitado. No obstante, un informe de la Corte Suprema provincial reveló que aún no se dispone de datos cualitativos ni de los recursos suficientes para asumir la carga de trabajo residual de los juzgados de menores.
Además de las cuestiones edilicias y laborales, las dificultades técnicas en la migración de datos y la adaptación del sistema informático han ralentizado el proceso. Según el decreto, establecer conexiones entre los registros actuales y el nuevo sistema demanda más tiempo para garantizar una transición ordenada y eficiente.
El Código Procesal Penal Juvenil introduce un procedimiento específico para delitos graves cometidos por adolescentes, bajo un modelo acusatorio y oral. La implementación de este enfoque requiere la capacitación de fiscales, defensores y jueces, así como la planificación conjunta con diversas áreas del Estado. Frente a estos desafíos, el gobierno consideró imprescindible aplazar el plazo para garantizar una correcta aplicación de las nuevas normas.
