Redacción
La empresa láctea Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), conocida por su vínculo previo con el grupo Vicentin y actualmente gerenciada por la venezolana Maralac, atraviesa una crisis profunda. Esta semana, la justicia federal ordenó un embargo por $83 millones tras una denuncia del gremio ATILRA por el impago de aportes patronales y cargas sociales.
El conflicto ocurre en un contexto de extrema complejidad para la compañía, que recientemente había logrado reactivar parcialmente su producción luego de meses de paralización y un concurso de acreedores iniciado en febrero pasado. ARSA, que emplea a más de 500 personas, había priorizado el pago de salarios sobre las contribuciones patronales, lo que generó tensiones con el sindicato.
La situación es crítica: mientras ATILRA denuncia "desmanejos empresariales y evasión fiscal", la empresa advirtió a sus trabajadores sobre posibles dificultades para garantizar futuros salarios debido al embargo. Ambas partes tienen previsto reunirse en una audiencia el próximo lunes, aunque las perspectivas para llegar a un acuerdo son inciertas.
La firma, que alguna vez fue conocida como "la joya de Vicentin", enfrenta un panorama sombrío. El futuro de ARSA, clave en la industria láctea argentina, parece depender de la capacidad de resolver sus múltiples frentes de conflicto, desde las demandas gremiales hasta las complicaciones judiciales que arrastra desde su vínculo con el fallido grupo Vicentin.
