
El juez Gustavo Bumaguin resolvió la medida tras considerar los riesgos de entorpecimiento probatorio y presión a testigos. Los tres imputados están acusados de abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.
En el marco de una de las causas más resonantes de los últimos tiempos en el distrito judicial de Rafaela, Marcelo Daniel Castro, oriundo de Buenos Aires, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de perpetrar una compleja estafa que involucró a las empresas Las Taperitas y Sucesores de Alfredo Williner.
Judiciales09/12/2024El caso comenzó a investigarse tras descubrirse que Castro accedió de manera fraudulenta a los sistemas de Home Banking y a las tarjetas de coordenadas de un ejemplo de las empresas mencionadas. Utilizando un DNI apócrifo con los datos del empleado, pero con distinto apellido, logró realizar transferencias bancarias de alto valor a favor de 17 personas, quienes también fueron imputadas en el caso y posteriormente liberadas medidas bajo alternativas.
Durante la audiencia realizada este lunes, el fiscal Guillermo Loyola detalló los alcances de las maniobras fraudulentas, las agravantes y atenuantes del caso, y destacó que la pena de tres años vencerá el 8 de marzo de 2027. La defensa, a cargo de la abogada Amalia Rosalia Cassina, argumentó que el condenado no poseía antecedentes y ya había cumplido ocho meses de prisión preventiva. Además, solicitó el inicio del trámite de libertad condicional, el cual deberá ser resuelto con informes del Servicio Penitenciario.
El juez penal Gustavo Javier Bumaguin explicó a Castro los alcances del procedimiento abreviado y consultó su conformidad antes de emitir la sentencia. Finalmente, dispuso que, una vez firme la resolución, se notifique a la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda para los trámites relacionados con la libertad condicional.
Cabe destacar que en representación de la víctima de la usurpación de identidad estuvo presente el abogado querellante Carlos Farías Demalde, quien reafirmó la gravedad del caso y el perjuicio ocasionado por las maniobras fraudulentas.
El juez Gustavo Bumaguin resolvió la medida tras considerar los riesgos de entorpecimiento probatorio y presión a testigos. Los tres imputados están acusados de abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.
Tres policías que se desempeñaban en la Alcaidía de Rafaela fueron imputados por graves delitos de corrupción institucional. La Fiscalía los acusa de solicitar dinero a internos a cambio de beneficios indebidos, encubrir pruebas y facilitar el uso de celulares dentro del penal.
Se trata de David Nicolás González, de 27 años, quien cometió el ilícito en su casa. La sentencia fue resuelta en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de Rafaela. La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella, quien destacó que “el hombre se aprovechó de la confianza que tenía con la víctima y actuó de forma sorpresiva”.
La Justicia solicitó 120 días de prisión preventiva para los principales acusados en la causa por delitos económicos. Además, se les prohibió cualquier injerencia en las empresas del grupo y se impusieron millonarias cauciones.
Tras la detención de cuatro exdirectivos, la Fiscalía sostiene que continuarán manejando la empresa y afectando su patrimonio. La audiencia sigue este viernes.
Nuevas revelaciones surgieron en una investigación judicial que ya tiene a una escribana, un abogado, otro escribano y un ingeniero bajo la lupa. En paralelo, un empresario del rubro eléctrico podría ser denunciado por otro hecho similar, aunque independiente del primero.
Claudia Ludmila C. fue beneficiada con una morigeración de su prisión preventiva domiciliaria, que le permitirá ausentarse de su hogar durante algunas horas para trabajar. La medida fue adoptada por el juez Gustavo Bumaguin tras una audiencia en la Oficina de Gestión de Audiencias del Distrito Judicial N° 5.
En el marco de una denuncia presentada a principios de enero de este año, al menos cuatro profesionales reconocidos de la ciudad de Rafaela están siendo investigados por su posible involucramiento en un delito de estafa relacionado con la venta de un inmueble.
El gremio advierte que la falta de representantes sindicales afecta el funcionamiento institucional del organismo
Advierten irregularidades en los convenios firmados y piden reuniones urgentes con el Concejo y el Instituto Municipal de la Vivienda
Un camión volcó en la banquina tras colisionar lateralmente con un auto en la Ruta 34, a la altura de Arrufó. No hubo heridos ni se interrumpió el tránsito.
Un proyecto de ordenanza fue ingresado recientemente al Concejo Municipal de Rafaela con el objetivo de autorizar al Departamento Ejecutivo a modificar el contrato de cesión de uso de un predio otorgado al Club Atlético 9 de Julio en el año 2016.
El juez Gustavo Bumaguin resolvió la medida tras considerar los riesgos de entorpecimiento probatorio y presión a testigos. Los tres imputados están acusados de abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.