Los vetos afectan iniciativas sobre seguridad para partos, violencia laboral y estabilidad laboral para jóvenes sin cuidados parentales. Las leyes no serán operativas hasta que la Legislatura resuelva si acepta los cambios.
27/12/2024
Redacción
En una serie de decisiones comunicadas a las cámaras legislativas y publicadas en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo observará parcialmente tres leyes sancionadas en la última semana de noviembre. Los vetos impactan en el programa de protección para trabajadores de delivery, la erradicación de la violencia laboral y la estabilidad laboral de jóvenes sin cuidados parentales.
El tratamiento de estos vetos no fue incluido en el período extraordinario del Poder Legislativo, que cerró por el año, por lo que recién en febrero o mayo se evaluará su inclusión en la agenda.
Protección para entregas
La Ley N° 14362 crea un programa de monitoreo para garantizar la seguridad de repartidores que trabajan mediante aplicaciones móviles. El Ejecutivo vetó parcialmente los artículos 1 y 2, proponiendo textos alternativos. En el caso del artículo 1, se plantea ampliar el alcance de los sistemas de geolocalización, no limitándolos solo al GPS, para permitir el uso de otras tecnologías según lo determine el Poder Ejecutivo.
Respecto al artículo 2, que designa al Ministerio de Justicia y Seguridad como autoridad de aplicación, se propone que sea el propio Ejecutivo quien determine el área competente en la reglamentación.
Violencia laboral
La Ley N° 14371 establece un marco normativo para prevenir, detectar y sancionar la violencia y el acoso en el ámbito laboral. El Ejecutivo cuestionó el capítulo referido a sanciones, argumentando que carece de precisión y no cumple con el principio de legalidad al no especificar las conductas punibles ni las penas correspondientes. En consecuencia, se vetó este apartado sin sugerir un texto alternativo.
Estabilidad laboral para jóvenes sin cuidados parentales
La Ley N° 14376 apunta a favorecer la inserción laboral de jóvenes egresados del sistema de cuidado estatal. El veto se concentra en el artículo 2, que excluye a aquellos en procesos adoptivos o bajo tutela. El Ejecutivo propone una redacción alternativa que incluye a todos los adolescentes sin cuidados parentales, independientemente de su situación previa, siempre que exista una resolución definitiva en el marco de la Ley 12967.
Con estos vetos parciales, el Poder Ejecutivo busca ajustar las normativas a criterios de viabilidad técnica y legalidad, aunque la demora en su tratamiento podría retrasar la implementación de medidas fundamentales para los sectores involucrados.
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