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Incendio intencional en Rafaela reaviva el debate sobre la inacción judicial en casos de violencia y amenazas

En las primeras horas del día domingo, un incendio en el frente de una empresa dedicada al rubro, taller de GNC, ubicada en calle Uruguay al 100 de Rafaela, generó conmoción y volvió a poner en el centro del debate la falta de respuestas de la justicia ante. reiteradas denuncias por violencia y daños.

Policiales06/01/2025RedacciónRedacción
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Según los informes recibidos por esta WEB, el incendio fue reportado alrededor de las 03:00 horas por un vecino que, mientras circulaba por la zona, observó a una mujer junto a un menor de edad prendiendo fuego frente a las puertas del establecimiento. De inmediato, un testigo dio aviso a las autoridades y confirmó que los responsables huyeron del lugar en un vehículo identificado como un Fiat Pulse blanco.

Posteriormente, el propietario del lugar afectado llegó al sitio y constató los daños. Según su relato, el fuego consumió dos puertas de madera y derritió la tecla del timbre, además de afectar basura y papeles acumulados en la vereda, relacionados con conflictos previos que el damnificado había tenido con su expareja.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron imágenes que identifican a la ex esposa del propietario, acompañada por su hijo, pintando las paredes y acumulando materiales que luego fueron incendiados. Según el relato de la víctima, esta situación es solo la última de una serie de incidentes por los que ya se han radicado más de diez denuncias contra la mujer, incluyendo lesiones, daños y amenazas.

A pesar de estas denuncias, el hombre afirma que la justicia aún no ha tomado medidas concretas para frenar la escalada de violencia. “¿Qué tiene que pasar? ¿Hay que esperar que los quemen vivos para que actúen?”

Reclamo de respuestas judiciales
                                                                                                                                                                                                                Este caso evidencia la frustración de muchas víctimas ante un sistema judicial que parece no responder a tiempo para prevenir hechos graves. La reiteración de episodios violentos y el contexto de las denuncias previas hacen que los teman afectados por su seguridad y la de sus familias.

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