Redacción
Durante el proceso, la Fiscalía había solicitado inicialmente una sentencia de treinta años, argumentando la gravedad de los hechos denunciados por las víctimas, ambas menores de edad al momento de ocurridos los abusos. Por su parte, la defensa solicitó una reducción sustancial de la pena, argumentando circunstancias atenuantes, aunque finalmente la justicia determinó una condena intermedia.
La investigación judicial comprobó que los abusos ocurrieron entre 2021 y 2022, afectando gravemente a la hija biológica del acusado, en contextos de violencia intrafamiliar y bajo coacción psicológica. Asimismo, se estableció que hubo otra víctima más, también perteneciente al entorno familiar, quien fue sometida a actos abusivos durante encuentros donde el condenado tenía acceso directo a la menor.
La Fiscalía había acusado al imputado de varios delitos calificados por la gravedad y reiteración de los hechos. Finalmente, el fallo dictado por el tribunal ratificó las pruebas presentadas, asignando una pena de dos décadas en prisión efectiva. La resolución judicial busca reparar parcialmente los daños causados a las víctimas y sienta un precedente significativo en la lucha contra la violencia sexual en Rafaela.
