Polémica por la citación de 734 beneficiarios a controles médicos a cientos de kilómetros

Un total de 734 beneficiarios de pensiones por discapacidad en el departamento 9 de Julio, Santa Fe, fueron citados a controles médicos en Rafaela, a distancias que oscilan entre 270 y 430 kilómetros de sus hogares. La Agencia Nacional de Discapacidad envió cartas documento con fechas y horarios específicos, bajo la advertencia de que la inasistencia podría derivar en la pérdida de la prestación.

El senador provincial Joaquín Gramajo (Unite) denunció la medida como "una decisión tomada desde un escritorio en Buenos Aires, sin considerar la realidad del interior del país". Si bien no cuestionó las auditorías para detectar pensiones irregulares, señaló que las personas citadas ya habían cumplido con los requisitos previos y que la exigencia de viajar a Rafaela representa un obstáculo para muchos beneficiarios en situación de vulnerabilidad.

Gramajo propuso que los controles se realicen en los centros de salud provinciales dentro del mismo departamento, evitando traslados costosos y complicados para personas con movilidad reducida. "Es indignante que no se tenga en cuenta la falta de transporte y la necesidad de acompañantes para muchos beneficiarios", expresó. Además, recordó que la única oficina de Anses en la zona se encuentra en Tostado, lo que dificulta aún más la gestión de posibles excepciones.

Desde el Senado provincial, se solicitó al Poder Ejecutivo de Santa Fe que interceda ante el organismo nacional para modificar la disposición. "No se trata de eliminar controles, sino de garantizar que se realicen de manera accesible y respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad", concluyó el legislador.