Prisión preventiva para un joven armado y medidas alternativas para dos imputados por delitos menores

La Justicia rafaelina ordenó este viernes la prisión preventiva de un joven de 19 años, identificado con las iniciales E.T., quien había sido detenido en la madrugada del 16 de abril mientras circulaba armado en inmediaciones del barrio 2 de Abril.

La medida fue dispuesta por el juez Gustavo Bumaguin, a pedido de la fiscal Lorena Korakis, quien en audiencia relató que el muchacho fue captado por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal con un arma de fuego visible en su cintura. Alertada la policía, al intentar ser identificado, el joven evadió la voz de alto y se refugió en un domicilio de calle Actis.

Allí fue finalmente aprehendido, constatándose que portaba un revólver calibre 38, cargado y listo para su utilización. La fiscal sostuvo que el delito se encuadra en portación ilegal de arma de guerra, agravado además por el contexto de que el imputado ya se encontraba bajo medidas condicionales, debido a causas anteriores por robo calificado por escalamiento y hurto calificado.

Pese a los planteos de la defensa, el magistrado consideró que subsistían riesgos procesales y dispuso que el joven permanezca detenido mientras avanza la investigación.

Dos imputados liberados con restricciones

En otra jornada de audiencias realizada este Viernes Santo, el mismo juez dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para dos hombres acusados de delitos menores.

Uno de ellos, señalado por ingresar a robar a la escuela Don Tomás, fue liberado tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, que incluyó la obligación de someterse a tratamiento por adicciones y cumplir estrictos compromisos de conducta. El otro caso involucró a un joven atrapado por vecinos del barrio Fátima tras haber sido visto huyendo por los techos de viviendas. También fue excarcelado, aunque deberá cumplir con prohibiciones de acercamiento y comparecer semanalmente ante la autoridad.

Ambos casos continúan bajo investigación y los imputados permanecen sujetos a controles judiciales estrictos, bajo advertencia de perder los beneficios si reinciden.