Judiciales

Destituyeron a una fiscal de Tostado por demoras en 37 causas, la mayoría por abuso sexual

Shirli Soledad Tomasso fue apartada del Ministerio Público de la Acusación por mal desempeño. La decisión obtuvo 44 votos favorables en la Legislatura santafesina, aunque generó cuestionamientos por el procedimiento disciplinario.

La situación de 37 investigaciones penales que estuvieron bajo responsabilidad de una fiscal de Tostado terminó con una de las sanciones más severas dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA): su destitución.

La decisión fue adoptada este jueves 19 de noviembre por la Legislatura de Santa Fe, que resolvió remover de su cargo a Shirli Soledad Tomasso, quien se desempeñaba como fiscal adjunta en la Fiscalía Regional 5.

La medida se fundamentó en irregularidades relacionadas con demoras y falta de actuaciones necesarias para avanzar en investigaciones judiciales.

La mayoría de las causas investigadas eran por abuso sexual

Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento disciplinario fue la naturaleza de los casos examinados.

De las 37 investigaciones analizadas, 35 estaban vinculadas con presuntos delitos contra la integridad sexual, mientras que las dos restantes correspondían a homicidios.

Según la acusación, se detectaron retrasos y omisiones en diligencias que debían realizarse para permitir el avance de las investigaciones.

El cuestionamiento central estuvo relacionado con las consecuencias que esas demoras pudieron tener sobre el esclarecimiento de los hechos y las posibilidades de impulsar las causas penales.

La investigación disciplinaria fue promovida por el auditor general del MPA, Leandro Mai, y posteriormente analizada por la Comisión de Acuerdos de la Legislatura.

Una votación que dejó diferencias políticas

La destitución reunió 44 votos afirmativos entre ambas cámaras legislativas.

En el Senado, los 14 legisladores presentes acompañaron la medida, mientras que en Diputados hubo 30 votos favorables.

Sin embargo, el tratamiento estuvo lejos de alcanzar un consenso general.

Representantes del Frente Amplio por la Soberanía, Somos Vida y otros sectores cuestionaron el procedimiento disciplinario y consideraron excesiva la sanción.

Durante el debate también se mencionó una denuncia previa que Tomasso había realizado contra un superior jerárquico por presunta violencia laboral, circunstancia que fue incorporada a los argumentos de algunos legisladores contrarios a la remoción.

Desde los sectores que respaldaron la destitución sostuvieron que la gravedad de las irregularidades detectadas justificaba la decisión.

La sanción también incluye una inhabilitación de diez años

Además de perder su cargo, Tomasso recibió una inhabilitación por diez años para volver a desempeñarse dentro del Ministerio Público de la Acusación, según la información difundida sobre la resolución.

De esta manera, la decisión legislativa no solamente puso fin a sus funciones actuales, sino que también estableció una restricción para su eventual reincorporación al organismo.

El debate sobre el control de los fiscales

La destitución también volvió a poner en discusión el mecanismo utilizado en Santa Fe para evaluar y sancionar la actuación de integrantes del Ministerio Público.

Durante la sesión, distintos legisladores expresaron posiciones diferentes sobre el papel de la Comisión de Acuerdos y las garantías que deben existir en estos procedimientos.

El caso de Tomasso quedó así marcado por dos cuestiones: las irregularidades atribuidas a su desempeño en investigaciones de especial gravedad y las diferencias políticas e institucionales que provocó la decisión de apartarla definitivamente del cargo.

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