Cuatro diputados que integran el interbloque llamado Provincias Unidas presentó un proyecto de ley para derogar las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) y, como alternativa, plantean que con el dinero que se ahorraría el Estado se conforme un fondo para luchar contras las adicciones y otro para pagar prestaciones básicas de personas con discapacidad.

El texto lleva las firmas de los legisladores Luis Di Giacomo, Diego Sartori, Agustín Domingo y Carlos Fernández. Sostienen que suprimir las Paso daría un beneficio de 22.500 millones de pesos, que hoy se usan “en el gasto de la política”.

La meta del proyecto es “financiar programas y políticas a nivel nacional y provincial, en materias que ciertamente requieren el apoyo del Estado, distribuyéndose dichos recursos de acuerdo al criterio correspondiente a la coparticipación de impuestos”.

La iniciativa se da a conocer mientras en el país debate sobre la continuidad de ese sistema electoral impulsado por el kirchnerismo, que plantea una votación preliminar a los comicios definitivos, en los cuales quedan eliminados aquellos partidos que no alcancen el 1,5 por ciento de los sufragios. Además, sirve como una interna dentro de las diversas alianzas.

En ese marco, el presidente Alberto Fernández afirmó que las Paso son “el mejor camino” para definir candidaturas, “como lo manda la ley (ver página 23)”.

De prosperar el proyecto en el Congreso, generaría una complicación a Juntos por el Cambio (JxC) para definir sus candidaturas de cara al año próximo. La principal coalición opositora expresó su rechazo a la iniciativa.

“Saben que se les viene una paliza en las urnas y reaccionan yendo en contra de los derechos de la ciudadanía. Tienen miedo a la voz del pueblo. Lucharemos para defender la democracia”, tuiteó el radical Mario Negri, uno de los primeros dirigentes de la oposición en cuestionar la iniciativa.

En el Frente de Todos, en tanto, dejaron trascender que en las próximas horas evaluarán la estrategia, sin descartar darle impulso al proyecto.

Paralelamente, algunas encuestadoras consultaron a la ciudadanía sobre el tema. La consultora Giacobbe reflejó que el 58,9 por ciento de los interrogados prefiere que el sistema se mantenga como está, mientras que un 23,4% elige que se anule el mecanismo y el 17,4% no lo sabe.