Redacción
El sector metalúrgico transita días de incertidumbre. Aunque el pasado 4 de junio la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las principales cámaras empresarias firmaron un acuerdo paritario que incluye aumentos escalonados y sumas no remunerativas, el Gobierno nacional aún no lo homologó, lo que pone en pausa su aplicación efectiva.
El convenio, enmarcado en el CCT 260/75, establece subas salariales desde abril hasta agosto, con incrementos acumulativos que totalizan un 7,6%, además de pagos fijos mensuales que varían entre $25.000 y $30.000. Sin embargo, la falta de validación oficial por parte de la Secretaría de Trabajo impide que los nuevos montos entren en vigencia.
Desde la conducción sindical que encabeza Abel Furlán advirtieron que esta dilación pone en riesgo el poder adquisitivo de los trabajadores metalúrgicos, ya golpeado por la recesión y la caída sostenida de la actividad. Por eso, no se descarta la adopción de medidas gremiales si no hay una resolución inmediata.
Del lado empresarial, las principales cámaras —salvo algunas como CAMIMA, que expresó reparos por el impacto en las pymes— ratificaron su compromiso con el acuerdo y pidieron al Ejecutivo que destrabe la homologación para evitar conflictos y garantizar la estabilidad en los puestos de trabajo.
La parálisis administrativa expone las tensiones existentes entre el Gobierno y los distintos actores del mundo del trabajo, especialmente en sectores estratégicos. En este caso, los aumentos pactados colisionan con la política oficial de contención inflacionaria que lidera el Ministerio de Economía, lo que agrega complejidad al conflicto.
Mientras tanto, el sector metalúrgico permanece en vilo. La escala salarial acordada establece, por ejemplo, que el valor hora para un ingresante pasará a ser de $3.514,91 en abril y alcanzará los $3.783,71 en septiembre, fecha en la que se revisarán las condiciones. Pero nada de eso podrá aplicarse sin la firma que hoy falta.
El tiempo corre, y con él, crece el malestar.
