Redacción
La paciencia se agotó y la Justicia salió otra vez al cruce del abandono. El Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, recibió una nueva orden judicial que lo obliga a intervenir de manera inmediata sobre un tramo de 110 kilómetros de la Ruta 11 y la A-007, que atraviesa varias localidades del centro provincial, como Recreo, Nelson, Emilia y Videla.
El fallo fue firmado el viernes 27 de junio por el juez federal Aldo Alurralde, quien hizo lugar a un recurso presentado por el diputado provincial José Corral. La decisión no sólo exige bacheo, señalización, limpieza y obras mínimas en los tramos más peligrosos, sino que da apenas cinco días para que se presente un plan de acción. También ordena informar quiénes son los funcionarios responsables, bajo apercibimiento legal.
La lista de problemas que describe la resolución judicial es demoledora: banquinas comidas por el pasto, pavimento destruido, falta total de iluminación y sin señalización alguna. Una combinación que hace de este tramo de la Ruta 11 uno de los más peligrosos de la provincia. La justicia no lo dice con rodeos: “está en juego la vida y la seguridad de los ciudadanos”.
Este no es un hecho aislado. En marzo, el mismo magistrado había ordenado intervenir otros 266 kilómetros de rutas nacionales en el norte provincial, tras un pedido del diputado Dionisio Scarpín. Semanas después, el juez de Venado Tuerto hizo lo propio con las rutas 7, 8 y 33 del sur santafesino, ante una presentación de la senadora Leticia Di Gregorio. La lógica se repite: mientras las rutas se desmoronan, la Nación acumula fallos en contra y apela a promesas que nunca se concretan.
En paralelo a las decisiones judiciales, comenzaron las audiencias públicas para concesionar tramos viales de todo el país. Pero la reciente resolución advierte que ni siquiera esos nuevos planes contemplan el sector afectado por este último fallo. En criollo: mientras discuten qué hacer con las rutas a futuro, hay kilómetros enteros donde hoy no se puede circular sin jugarse la vida.
La Justicia santafesina parece ser el único actor que pone freno al deterioro. Lo hace en nombre de los vecinos que, todos los días, cruzan rutas plagadas de cráteres, sin luces y sin protección, mientras el Gobierno nacional sigue mirando para otro lado.
