Un proyecto de declaración fue presentado recientemente en el Concejo Municipal de Rafaela para que el cuerpo exprese su adhesión a la ley nacional de emergencia en discapacidad, sancionada el pasado 11 de julio por el Congreso de la Nación.
La iniciativa, que deberá ser analizada por la comisión de Gobierno, también plantea el rechazo a cualquier intento de veto parcial o total por parte del Poder Ejecutivo Nacional, advirtiendo que los derechos humanos fundamentales no pueden ser considerados variables de ajuste fiscal.
El texto del proyecto remarca la importancia de sostener las prestaciones de salud, educación, transporte y acompañamiento para las personas con discapacidad, en un contexto social y económico especialmente crítico. En esa línea, se reafirma el compromiso del Concejo con la equidad, la inclusión y la construcción de una ciudad accesible para todas las personas.
Asimismo, se destaca que la aplicación de la ley no implica necesariamente una mayor erogación presupuestaria, sino una reasignación temporal de recursos ya existentes para garantizar el acceso efectivo a derechos esenciales.
La propuesta surgió como respuesta a una nota remitida por la Comisión Municipal de Discapacidad (COMUDIS), en la que se solicitaba al cuerpo legislativo una postura institucional frente al escenario de incertidumbre que atraviesan muchas familias.
De ser aprobada, la declaración sería remitida a las autoridades locales, provinciales y nacionales, incluyendo al Ministerio de Salud de la Nación, el Congreso y la Presidencia.
