Federalizar la economía: el mandato incumplido de la Constitución del 94

Por Mariano Cuvertino

En los últimos meses, y a propósito de debates como la suspensión de las PASO, la elección de los jueces de la Corte Suprema o la duración de los mandatos, varias voces mencionaron la necesidad de modificar nuevamente la carta magna nacional. Cada vez que surge este tema, aparece también una cuestión recurrente: la federalización de la economía, un mandato pendiente que solo quedó en la intención de los convencionales y en el articulado.

Dos impulsos reformistas

De manera esquemática y, con los recaudos que toda simplificación exige, se podría decir que la reforma del 94 introdujo dos tipos de cambios: 
1.    reformas con espíritu centralista: como la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (art. 129) y la eliminación del Colegio electoral (art. 94).
2.    reformas con espíritu federalista: en particular el artículo 124 (que reconoce a las provincias la propiedad de los recursos naturales y la posibilidad de crear regiones para el desarrollo económico y social) y el artículo 75, incisos 2 y 6, que establecen la sanción de una nueva ley de coparticipación federal y la creación de un banco federal con facultad de emitir moneda.

Esa combinación de impulsos hacia el centro y hacia las provincias reflejaba la tensión histórica nacional entre centralismo y federalismo. De haberse materializado en su totalidad, la reforma podría haber significado un punto de equilibrio, con mayor unidad política a nivel nacional y, al mismo tiempo, una pluralidad interna que garantizara la participación de las provincias en las instituciones económicas responsables de los ciclos financieros brutales que han tenido enormes consecuencias para el país.

Pero la realidad fue otra. A más de tres décadas de aquel proceso, se consolidaron los aspectos centralistas mientras que las disposiciones federalistas siguen pendientes. El resultado es un país que concentra todo el poder en el AMBA, mientras posterga la posibilidad de construir un federalismo real que equilibre la economía, fortalezca la producción y defienda el trabajo en cada rincón del territorio.

Coparticipación y recursos provinciales

En el último año, el peso de las cuestiones irresueltas volvió a sentirse con fuerza, en especial en torno a la coparticipación. La retracción total del Estado nacional en temas como obras públicas, mantenimiento vial, salud y discapacidad, sumado a la disminución de las transferencias a las provincias fue el detonante de las quejas. El consenso de los gobernadores fue tal que en julio se dio una situación histórica cuando 23 mandatarios provinciales más el Jefe de Gobierno de CABA presentaron un proyecto para modificar por ley el reparto del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una caja de uso discrecional del Poder Ejecutivo. Esa iniciativa se aprobó finalmente esta semana.

A su vez, impuestos como las retenciones, que significan una transferencia de rentas de las regiones productivas al AMBA, también volvieron este año a profundizar tensiones territoriales, pues son las regiones agropecuarias e industriales que abastecen de divisas al país las que cargan con mayor peso tributario, en tanto otras como CABA, que tiene salarios 40% arriba de la media nacional, no aporta en igual proporción por esa riqueza. Los debates en torno a la presión fiscal y al destino de lo recaudado reabren de forma reincidente una demanda que no puede seguir postergándose: el cumplimiento efectivo del artículo 75 de la Constitución Nacional. 

De Banco Central a Banco Federal

La política monetaria y cambiaria ha llevado a la Argentina a vivir violentos ciclos de apreciación y depreciación financiera que provocaron el debilitamiento estructural de la moneda nacional, incertidumbre económica única en la región, y el deterioro de las condiciones de vida y productivas de miles de argentinos. Este es, quizás, el costo más alto de un diseño institucional que obliga a reconsiderar la necesidad de cumplir con el mandato constitucional de reforma del Banco Central.

En el articulado de la Constitución se menciona un Banco Federal en lugar de Banco Central. La elección de palabras expresa un propósito explícitamente federalista, tal como surge de los debates de la Convención Constituyente. El 5 de agosto de 1994, el convencional Díaz Araujo lo señaló: “no es un simple cambio de nombres, sino la federalización de la política monetaria y la fiscalización y orientación del crédito en función de las necesidades de las provincias argentinas”. 

Ese espíritu vuelve a resonar hoy en un proyecto presentado por Mónica Fein y Esteban Paulón, diputados del bloque Encuentro Federal, que plantea la reforma del BCRA con el fin de representar las diferentes regiones, sectores económicos y provincias que conforman el territorio nacional. Una estructura federalizada otorgaría voz a los territorios en la definición de estrategias que inciden directamente en sus economías, fortalecería la estabilidad de la política monetaria mediante consensos regionales, promovería una distribución más equitativa de los recursos financieros y fomentaría el desarrollo productivo local.

En este sentido, avanzar hacia un Banco Federal supone repensar el esquema de gobernanza en la toma de decisiones con criterios que permitan estabilizar la política monetaria y cambiaria sobre la base de consensos transversales, integrando al conjunto de la sociedad argentina en el corazón mismo de las decisiones económicas. 

Concretar y equilibrar

A más de treinta años de aquel momento histórico, es válido reconocer la madurez democrática que lo hizo posible, pero también señalar sus deudas pendientes. Más que soñar con nuevas reformas, el desafío es construir consensos que permitan concretar los mandatos federalistas aún incumplidos y que resultan clave para una economía argentina más estable y capaz de articular un interés común.

Diputado provincial de Santa Fe