Redacción
La medida, establecida a través de la Resolución 48/2025 de la Secretaría de Transporte, deroga la Resolución 8/2016 —que había creado la Mesa de Negociación Participativa para fijar valores de referencia— y la Resolución Conjunta 1/2023, que constituía una mesa de trabajo para enfrentar la emergencia en el sector.
Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es “respetar la libertad de mercado y simplificar el esquema de funcionamiento”. De este modo, se busca que la relación entre dadores de carga y transportistas quede regulada únicamente por la negociación privada.
En línea con esta decisión, la Sociedad Rural Argentina y otras cámaras empresarias confirmaron que no participarán en instancias de fijación de tarifas indicativas. “La mejor política en este ámbito es la que respeta la libertad de mercado y la capacidad de los actores privados para establecer sus propios acuerdos comerciales”, expresaron en un comunicado.
