Redacción
El golpe fue brutal: los empleados se enteraron de los despidos por mensajes de WhatsApp, sin previo aviso y con la fábrica cerrada con candado. Pese a que el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, la empresa no permitió el reingreso. Tampoco se abonaron sueldos ni quincenas, y los aportes de obra social ya estaban impagos desde hacía meses.
Los trabajadores, con entre 5 y 23 años de antigüedad, quedaron literalmente a la intemperie. Muchos denuncian que no tienen ni para dar de comer a sus hijos. Se organizan con ollas populares y reciben donaciones de sindicatos y del propio municipio. Las mujeres, en su mayoría jefas de hogar, aseguran que la situación es desesperante: sin salario, sin cobertura médica y sin respuestas de la empresa.
La bronca también apunta a las maniobras empresariales. Los empleados sostienen que Ilva cerró por decisión política y no por crisis real, ya que la producción estaba activa y los sueldos al día. La sospecha es que reabrirán con personal nuevo y con condiciones precarias. El antecedente de 2001 en Neuquén, cuando la familia Zanon dejó a cientos de trabajadores en la calle, sobrevuela nuevamente en este conflicto.
Mientras tanto, la incertidumbre domina la escena. Los telegramas de despido fueron firmados por Francisco Zanon, presidente de la firma, amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que reduce al 50% las indemnizaciones. Una decisión que los trabajadores consideran un atropello y que, aseguran, no están dispuestos a aceptar sin resistencia.
