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De la cárcel a la libertad vigilada: el giro judicial en el caso del Asentamiento Demarchi

El juez Javier Bottero aceptó el pedido de la defensa y dejó sin efecto la prisión preventiva de un joven acusado de abuso de armas. Cumplirá medidas alternativas en Santa Fe capital, con prohibición de regresar a Rafaela.

Judiciales09/09/2025RedacciónRedacción
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Abogado defensor José María Silvela

Un giro inesperado se dio este lunes en la causa por los disparos registrados en el denominado Asentamiento Demarchi. Tras más de un año detenido con prisión preventiva, Edmundo Modesto Carlos L. (23) dejó la cárcel luego de que el juez Javier Bottero aceptara el planteo de su abogado defensor, José María Silvela.

El joven estaba imputado por abuso de armas y portación ilegítima de arma de fuego, a partir de un hecho ocurrido en abril del año pasado y que había motivado su detención por pedido del fiscal de Homicidios, Martín Castellano. La preventiva incluso había sido ratificada por un tribunal de segunda instancia.

En la audiencia de revisión, la defensa alegó que se habían cumplido más de 120 días de detención sin avances en la investigación y que la medida ya había perdido proporcionalidad. Además, se aseguró que el acusado estaba dispuesto a radicarse en la ciudad de Santa Fe junto a su pareja, evitando cualquier contacto con víctimas o testigos.

El fiscal Castellano se opuso, remarcando que la acusación sería presentada en breve y que la expectativa de pena no permitiría una condena condicional. Aun así, Bottero entendió que la continuidad del encierro no era necesaria para garantizar el proceso y resolvió conceder la libertad bajo estrictas condiciones.

Medidas alternativas

El imputado deberá:

-Fijar domicilio en calle Larrea de Santa Fe capital.

-Quedar bajo la tutela de un guardador que presentará informes mensuales.

-Abstenerse de cualquier contacto con víctimas y testigos.

-Presentarse diariamente en la Subcomisaría Nº 12 del barrio Los Troncos.

-No ingresar a Rafaela sin autorización judicial.

-No tener ni portar armas de fuego.

-Abonar una caución de $500.000.

La decisión generó sorpresa en el ámbito judicial y político local, dado que se trata de un caso seguido de cerca por el nivel de violencia que lo originó.

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