Redacción
Durante la audiencia, los abogados defensores José María Silvela y Andrés Colón solicitaron el cese de la prisión preventiva. Argumentaron que no había evidencias suficientes para sostener las imputaciones y que sus defendidos tienen arraigo laboral y familiar. Además, propusieron medidas alternativas como fijación de domicilio, presentación periódica ante comisaría, prohibición de ingreso a Rafaela y reparación económica a las víctimas.
La fiscal Lorena Korakis se opuso al pedido, remarcando que existía peligro de fuga y que la evidencia reunida confirmaba la calificación de robo calificado y encubrimiento. Sostuvo que los imputados cometieron los hechos en una jurisdicción distinta a la de sus domicilios, que hubo forzamiento de aberturas y que el caso implica una pena de efectivo cumplimiento.
Ambos imputados, conectados por videoconferencia, pidieron disculpas a las víctimas y a la comunidad, asegurando que cumplirán con lo que se les imponga. Sin embargo, el magistrado consideró que las medidas propuestas no garantizan su sujeción al proceso y confirmó la resolución del juez de primera instancia, manteniendo la prisión preventiva en todos sus términos.
