Redacción
La propuesta plantea que el relevamiento esté a cargo del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), con la misión de planificar, ejecutar, analizar y difundir los resultados bajo criterios de transparencia. La metodología se apoyará en estándares internacionales, siguiendo parámetros del Manual de la ONU para encuestas de victimización, lo que garantizará confidencialidad y protección de datos.
La iniciativa busca cubrir la llamada “cifra negra de la criminalidad”, es decir, aquellos hechos que las víctimas no denuncian por miedo, desconfianza o desconocimiento. Además de la ocurrencia de delitos, se pretende relevar percepciones ciudadanas y los motivos por los cuales muchas veces no se formalizan denuncias.
De aprobarse, Rafaela contaría con una herramienta inédita para medir el impacto real de la inseguridad y orientar políticas públicas basadas en evidencia. Los resultados se difundirían en informes accesibles, de modo que la ciudadanía pueda conocer y dar seguimiento a la evolución del problema.
