Presentan un programa municipal para resolver conflictos vecinales mediante mediación comunitaria

El Concejo Municipal de Rafaela analiza la creación de un Programa de Mediación Comunitaria, impulsado por el concejal Augusto Rolando. El expediente ingresó formalmente el 18 de noviembre y propone implementar un mecanismo institucional que facilite la resolución dialogada de conflictos entre vecinos. 

El proyecto destaca que la mediación comunitaria es una herramienta eficaz para intervenir en situaciones cotidianas como ruidos molestos, problemas con mascotas, humo u otras tensiones derivadas de la convivencia. La propuesta busca ofrecer una alternativa rápida, accesible y extrajudicial para evitar que estos conflictos escalen y terminen en episodios de violencia o procesos judiciales innecesarios. 

El programa sería voluntario y confidencial, con la intervención de un mediador neutral especialmente capacitado para facilitar el diálogo. Los vecinos participarían de manera activa en la búsqueda de acuerdos, asumiendo un rol protagónico en la solución del problema y favoreciendo una cultura de entendimiento y cooperación. 

Según el texto del proyecto, la mediación no se aplicaría a causas penales, conflictos de familia, sucesorios, laborales o contractuales, ni en situaciones donde intervenga el orden público. Sí estaría destinada a conflictos vecinales, ambientales o interpersonales en los que las partes decidan voluntariamente participar. 

La propuesta establece que la Secretaría de Gobierno y Modernización sería la autoridad de aplicación, encargada de coordinar el servicio, mantener el registro de mediadores, organizar capacitaciones y elaborar los instructivos de trabajo. También deberá garantizar el acceso igualitario y la asignación de mediadores según la temática del conflicto. 

El procedimiento prevé audiencias fijadas dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles desde la solicitud, con instancias conjuntas o privadas según lo determine el mediador. En caso de arribar a un acuerdo, las partes firmarán un acta con las obligaciones pactadas; y si no se alcanza una solución, se dejará constancia del resultado. 

El proyecto incorpora la creación de un registro de mediadores comunitarios con capacitación certificada y su correspondiente código de ética. También prevé la elaboración de un reglamento interno y la posibilidad de firmar convenios con instituciones locales, provinciales o nacionales para fortalecer el programa. 

La iniciativa será tratada en comisiones antes de pasar al recinto para su eventual aprobación.