Redacción
La implementación de cortinas forestales en el área periurbana de Rafaela volvió al centro del debate con una iniciativa que propone pasar de la exigencia formal a una aplicación viable y acompañada por el Estado. El planteo parte de una realidad concreta: a más de tres años de sancionada la normativa que las establece, el sistema no logró materializarse de manera efectiva.
El proyecto impulsa un esquema de aplicación gradual y progresiva, con planificación territorial, estudios técnicos previos y asistencia económica y técnica para los productores rurales linderos al ejido urbano. Entre los principales argumentos se señala que los altos costos de implantación, las dificultades de mantenimiento, los daños provocados por plagas y las condiciones climáticas adversas hicieron inviable cumplir con los plazos originalmente fijados.
Según experiencias relevadas en los últimos años, las cortinas forestales no solo requieren la plantación de ejemplares, sino un proceso complejo y sostenido, que incluye reposición, riego, control de insectos, roedores y enfermedades, con tasas de supervivencia inferiores a las esperadas y elevados costos anuales. A esto se sumó un contexto de emergencia y desastre agropecuario que afectó al sector productivo de la región durante varias campañas consecutivas.
Frente a este escenario, la iniciativa propone que la obligación de implementar cortinas forestales solo sea exigible cuando el Estado garantice previamente las condiciones necesarias, como la definición consensuada de ubicaciones, la aprobación de un plan territorial integral y la puesta en funcionamiento de un programa municipal de asistencia.
Ese programa prevé entrega de especies nativas y adaptadas, asistencia técnica profesional, líneas de crédito blando y aportes económicos para cubrir parte de los costos de implantación y mantenimiento. Además, se plantea articular estas acciones con programas ambientales ya existentes y con fondos previstos en el presupuesto municipal.
El esquema de aplicación se dividiría en etapas, comenzando por un período preparatorio de hasta un año para estudios y planificación, seguido por una implementación escalonada en función del nivel de vulnerabilidad ambiental de cada sector, y una etapa posterior de monitoreo y mantenimiento.
El proyecto remarca que esta modalidad no implica un retroceso en las normas de protección ambiental vigentes, sino una forma de hacerlas cumplibles en la práctica, evitando imponer cargas económicas desproporcionadas y asegurando que la protección del ambiente avance de manera sostenida y real.
