Un informe advierte que la provincia encabeza el ranking nacional de demandas laborales por cada mil trabajadores. El Gobierno y la Justicia santafesina avanzan en acuerdos para ordenar el sistema pericial y reducir la conflictividad.
Judiciales03/12/2025
Redacción
Santa Fe volvió a quedar en el centro del debate por el elevado nivel de litigiosidad laboral, una tendencia que preocupa tanto al sector productivo como a las autoridades nacionales y provinciales. Según un estudio elaborado por la economista Laura Caullo, del IERAL–Fundación Mediterránea, la provincia registra 24 juicios por cada mil trabajadores, la cifra más alta del país. Parte del análisis —según información publicada por El Litoral— muestra que el fenómeno se potencia incluso cuando la siniestralidad laboral se encuentra en descenso.
El informe señala que nueve jurisdicciones concentran el 80% de los juicios y que Santa Fe, San Luis y Chubut lideran el crecimiento interanual. El escenario genera preocupación entre empresas y aseguradoras, que advierten que la tendencia afecta los costos laborales y condiciona la creación de empleo formal.
Caullo remarca que la litigiosidad volvió a niveles previos a la reforma de 2017, que había logrado reducir significativamente las demandas mediante la intervención de las Comisiones Médicas. Hoy, sin embargo, el sistema volvió a tensionarse: se estima que 2025 cerrará con 125.000 juicios, un volumen similar al pico histórico de 2017.
Uno de los factores clave está en la figura del perito médico judicial. En varias provincias, sus honorarios se calculan como porcentaje de la incapacidad determinada, lo que —según el informe— genera un incentivo al sobrediagnóstico. A eso se suma la falta de especialización y la ausencia de controles sistemáticos sobre el desempeño profesional. Otro punto crítico es que el procedimiento obliga a repetir pericias, en lugar de revisar el dictamen previo de la Comisión Médica.
La Ley 27.348 intentó corregir estas distorsiones con la creación de Cuerpos de Peritos Médicos seleccionados por concurso, pero la implementación fue parcial y en muchas jurisdicciones —incluida Santa Fe— aún conviven sistemas con incentivos contradictorios.
En este contexto, el gobierno provincial busca ordenar el esquema. Días atrás, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó un convenio con la Corte Suprema de Santa Fe y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, impulsado por el Ministerio de Trabajo provincial. El presidente de la Corte, Roberto Falistocco, confirmó que ya se llamó a concurso para designar peritos judiciales. A su vez, el gerente general de la SRT, Fernando Pérez, destacó que contar con un sistema unificado permitirá reducir costos laborales y mejorar la previsibilidad para la industria santafesina.
El documento del IERAL también advierte sobre el impacto económico: las alícuotas del sistema, que combinan riesgo real y costo de litigiosidad, vienen en aumento y ya alcanzan 2,9% de la masa salarial. La tendencia amenaza la sustentabilidad del seguro, al punto que recientemente una ART quedó bajo inhibición general de bienes por déficit financiero.
Para Caullo, el problema es estructural: “Cuando el costo judicial supera al riesgo real, el sistema se distorsiona: se pagan menos accidentes reales y más litigios”. El desafío, coinciden analistas y autoridades, es reordenar el circuito pericial y administrativo para evitar que la judicialización se transforme en un freno para la competitividad provincial.
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