Un proyecto aprobado en la Cámara alta pide al Ejecutivo provincial que impulse los estudios técnicos y destine recursos para una sede que concentre al MPA y la Defensa Pública en la cabecera del departamento Castellanos.
Legislativas15/12/2025
Redacción
La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe dio luz verde a una iniciativa que apunta a mejorar la infraestructura judicial en Rafaela, solicitando al Poder Ejecutivo la elaboración de los proyectos técnicos y la asignación presupuestaria necesaria para construir un edificio institucional destinado al Ministerio Público de la Acusación y a la Defensa Pública.
La propuesta pone el foco en una demanda histórica del sistema judicial local, marcada por el crecimiento sostenido de la actividad penal y la falta de un espacio adecuado que concentre las distintas áreas que hoy funcionan de manera dispersa. Actualmente, varias dependencias operan en inmuebles alquilados o adaptados, lo que genera limitaciones operativas, problemas de seguridad y mayores costos para el Estado.
El texto aprobado remarca que tanto el MPA como la Defensa Pública cumplen funciones clave, como la investigación de delitos, la recepción de denuncias, la protección de víctimas y la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, las condiciones edilicias vigentes no acompañan la complejidad ni el volumen de trabajo que se registra en uno de los principales polos judiciales del interior santafesino.
En ese marco, el senador Alcides Calvo, autor del proyecto, sostuvo que la construcción de un edificio propio permitiría centralizar áreas técnicas, administrativas, salas de audiencia y equipos profesionales, optimizando recursos y mejorando la articulación interna del sistema. Además, planteó la necesidad de que la obra sea contemplada en el presupuesto provincial de los próximos ejercicios.
La iniciativa también se apoya en el nuevo escenario institucional que surge tras la reforma constitucional, que refuerza la autonomía y autarquía del Ministerio Público. Este marco legal exige, según se plantea en el proyecto, contar con infraestructura acorde a las responsabilidades que la Constitución le asigna al organismo en materia de persecución penal y defensa de derechos.
Con la aprobación legislativa, el planteo queda ahora en manos del Ejecutivo provincial, que deberá evaluar los pasos técnicos y presupuestarios para avanzar en una obra considerada estratégica para el fortalecimiento del servicio de justicia en Rafaela y la región.
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