Santa Fe: Diputados aprobó una amplia reforma de seguridad, pero eliminó facultades especiales para la Policía

La Legislatura santafesina dio un paso importante en la discusión sobre las herramientas que utilizarán la Justicia y las fuerzas de seguridad para investigar delitos, enfrentar organizaciones criminales y actuar frente a situaciones de violencia.

Después de varias semanas de reuniones, negociaciones y diferencias políticas, la Cámara de Diputados aprobó este jueves 5 de noviembre una versión modificada del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial.

La votación terminó con 37 legisladores a favor y 11 en contra, sin abstenciones, lo que permitió al oficialismo reunir un respaldo superior a los dos tercios de los presentes.

Sin embargo, la aprobación no significó un acompañamiento sin condiciones. Las conversaciones entre los distintos sectores de Unidos obligaron a revisar varias disposiciones y a dejar afuera una de las propuestas más discutidas: la creación de áreas especiales de intervención policial.

El resultado fue un texto diferente del presentado inicialmente por el Gobierno, que ahora deberá superar el tratamiento del Senado antes de convertirse en ley.

Qué cambiaría en la investigación de los delitos

La reforma alcanza distintas normas provinciales y tiene como eje principal el Código Procesal Penal, en el que se proponen modificaciones sobre catorce artículos.

También comprende disposiciones relacionadas con convivencia ciudadana, inteligencia, ejecución de medidas privativas de la libertad y mecanismos de protección de víctimas y testigos.

El objetivo planteado por el Ejecutivo es ampliar la capacidad de respuesta del sistema judicial, especialmente frente al crimen organizado y los hechos delictivos que requieren investigaciones complejas.

Entre las herramientas incorporadas aparece la posibilidad de tomar declaraciones informativas a personas que podrían tener vinculación con un delito, incluso cuando todavía no existan elementos suficientes para atribuirles formalmente un hecho penal.

Esa facultad estará en manos del fiscal y deberá respetar garantías específicas.

La persona convocada tendrá derecho a contar con asistencia de un abogado, guardar silencio, no responder preguntas y retirarse libremente, sin que esas decisiones puedan interpretarse en su contra.

La Policía no tendrá las atribuciones extraordinarias previstas originalmente

Uno de los cambios centrales se produjo alrededor de las facultades que el proyecto inicial pretendía otorgar a las fuerzas policiales.

La propuesta contemplaba la creación de zonas de intervención especial, con mecanismos de actuación diferenciados para determinadas circunstancias de seguridad.

Sin embargo, la iniciativa generó cuestionamientos vinculados con los límites de la actuación policial y las garantías constitucionales.

Finalmente, el oficialismo acordó retirar ese capítulo del texto aprobado.

La intención es que el asunto pueda volver a discutirse mediante una legislación específica, con una redacción que contemple las observaciones realizadas durante el debate.

También quedó descartada la posibilidad de habilitar determinadas declaraciones de personas investigadas directamente ante personal policial.

De esta manera, la versión que avanzó en Diputados refuerza el papel del Ministerio Público de la Acusación como organismo responsable de conducir las investigaciones penales.

Juicios en ausencia y nuevas disposiciones procesales

Otro de los puntos relevantes es la incorporación de mecanismos que permitirían avanzar con un proceso judicial cuando una persona acusada se encuentre en situación de rebeldía.

La figura, conocida como juicio en ausencia, está contemplada en el proyecto bajo determinadas condiciones procesales y con intervención judicial.

El objetivo es evitar que ciertos expedientes queden paralizados exclusivamente porque el acusado no comparece ante la Justicia.

No obstante, su aplicación deberá respetar las garantías de defensa y los requisitos establecidos en la normativa.

La iniciativa también introduce modificaciones vinculadas con los allanamientos sin orden judicial en circunstancias legalmente previstas, así como aspectos del régimen penitenciario y la protección de víctimas y testigos.

Todas estas disposiciones forman parte de un proyecto que todavía no tiene sanción definitiva.

Las negociaciones dentro de Unidos fueron decisivas

La discusión no se limitó a los enfrentamientos habituales entre oficialismo y oposición. Dentro del propio frente Unidos surgieron diferencias importantes sobre el alcance de las reformas.

El socialismo sostuvo una posición crítica frente a algunas disposiciones del proyecto original y reclamó que las nuevas herramientas respetaran las garantías constitucionales.

La diputada Lionella Cattalini defendió el trabajo realizado durante las reuniones de comisión y cuestionó declaraciones del funcionario provincial Federico Angelini, integrante del área de Seguridad.

Por su parte, Joaquín Blanco, presidente de la bancada socialista, consideró que el texto finalmente aprobado representaba una mejora respecto de la propuesta inicial.

El legislador también destacó la importancia de sostener los acuerdos dentro de una coalición de gobierno, incluso cuando existen diferencias sobre temas sensibles.

Uno de los puntos defendidos por el socialismo fue que la conducción de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal continuaran bajo responsabilidad del Ministerio Público de la Acusación.

El oficialismo destacó las herramientas para combatir el crimen organizado

Desde los sectores que respaldaron la iniciativa, el diputado radical Martín Rosúa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, explicó que los cambios buscan mejorar la capacidad de prevención e investigación del Estado.

El legislador puso el foco en las organizaciones criminales, los hechos de violencia urbana y las actividades delictivas que pueden continuar desarrollándose desde establecimientos penitenciarios.

En la misma línea se pronunciaron Dionisio Scarpin y José Corral, quienes defendieron la necesidad de avanzar con herramientas que permitan sostener la política provincial de seguridad.

Durante el debate también se hizo referencia al régimen de detención de personas consideradas de alto perfil.

Según las cifras mencionadas por Corral, Santa Fe cuenta con 63 internos ubicados en el nivel más elevado de esa clasificación y un total de 615 personas alojadas bajo condiciones de máxima seguridad.

Estos datos fueron utilizados por el legislador para fundamentar la importancia de mantener mecanismos de control sobre determinados detenidos.

El justicialismo se dividió y la izquierda rechazó la propuesta

La votación también dejó en evidencia distintas posiciones entre los bloques opositores.

El oficialismo consiguió acompañamiento de sectores que no integran Unidos, entre ellos representantes de Somos Vida y otras bancadas provinciales.

En el justicialismo, Alejandra Rodenas acompañó la iniciativa en general, aunque manifestó diferencias con algunos artículos durante el tratamiento particular.

En cambio, otros diputados del espacio, entre ellos Lucila De Ponti, Celia Arena y Marcos Corach, rechazaron el proyecto.

Arena reconoció el trabajo desarrollado durante las reuniones de comisión, pero consideró que determinadas disposiciones todavía podían representar riesgos para personas inocentes y afectar garantías procesales.

El Frente Amplio por la Soberanía también votó en contra.

De esta manera, la discusión expuso dos posiciones principales: quienes consideran necesario ampliar las herramientas disponibles para investigar y combatir delitos, y quienes advierten que esas modificaciones deben establecer límites suficientemente claros para evitar abusos.

Un mes de debate antes de llegar al recinto

La versión aprobada fue resultado de un proceso de discusión que incluyó reuniones de las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales.

Durante octubre se realizaron encuentros en los que participaron distintos actores del sistema judicial, quienes expresaron observaciones y propuestas sobre las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo.

Esas intervenciones influyeron en la revisión del texto y en la decisión de reformular algunos mecanismos de actuación.

El dictamen final conservó buena parte de las propuestas originales, pero incorporó condiciones adicionales de control y excluyó las herramientas policiales que habían provocado mayores controversias.

Ahora la definición quedará en manos del Senado

Con la media sanción de Diputados, el proyecto inicia una nueva etapa legislativa.

El Senado provincial deberá analizar el texto y determinar si acompaña las modificaciones aprobadas por la Cámara baja.

Hasta que se complete ese procedimiento, las nuevas herramientas no podrán considerarse legislación vigente.

El debate que se abre en la Cámara alta será importante para establecer el alcance definitivo de la reforma, particularmente en lo relacionado con la actuación policial, las facultades de los fiscales y las garantías de las personas sometidas a una investigación penal.

La votación del jueves dejó un respaldo legislativo significativo para la iniciativa del Gobierno de Maximiliano Pullaro, aunque también confirmó que las modificaciones al sistema de seguridad continúan siendo materia de discusión política e institucional en Santa Fe.