Redacción
El Gobierno municipal de Rafaela informa que, luego de varios meses de diálogo y negociaciones con la empresa Mercado Libre, la firma decidió cerrar su oficina física en la ciudad y continuar operando bajo una modalidad de trabajo remoto. Esta determinación, adoptada por la propia empresa, no implica la pérdida de puestos laborales ni afecta la continuidad de los servicios que se prestan en Rafaela.
Las conversaciones se iniciaron en agosto de 2025, a partir de un pedido de la empresa para reducir el Derecho de Registro e Inspección (DREI), en línea con planteos realizados en otras ciudades del país. En ese marco, el Municipio mantuvo instancias de diálogo permanente, con voluntad de acuerdo y análisis técnico de cada alternativa presentada.
Es importante señalar que los tributos que abona Mercado Libre no fueron incrementados por la actual gestión municipal. Las alícuotas vigentes se encuentran establecidas desde hace décadas en la Ordenanza Tributaria y se aplican de manera equitativa a todos los contribuyentes. Como sucede en la mayoría de los municipios del país, el DREI se calcula como un porcentaje fijo sobre la facturación declarada.
Durante el proceso de negociación, la empresa propuso la implementación de un tope máximo mensual para el pago del DREI. Dicha alternativa fue evaluada con responsabilidad, pero no pudo prosperar, ya que su aplicación hubiera generado un trato desigual respecto del resto de las empresas y un impacto significativo en las finanzas municipales.
En ese sentido, el Municipio expuso fundamentos técnicos que demostraron que las tasas locales se encuentran por debajo de las vigentes en otras ciudades donde la empresa posee o poseía sedes. A modo de ejemplo, con la misma facturación mensual, en la ciudad de Córdoba la empresa debía abonar más del doble que en Rafaela.
Asimismo, se advirtió que la aplicación de un beneficio excepcional podría sentar un precedente que luego sería reclamado por otras empresas, generando una pérdida de recaudación estimada en más de 3.600 millones de pesos. A ello se suma el impacto derivado de la no actualización de la Unidad de Cuenta Municipal durante el primer semestre de 2026, lo que representa una merma adicional cercana a los 1.400 millones de pesos anuales.
El Derecho de Registro e Inspección es un tributo legal y constitucional, respaldado por la normativa vigente y por reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los recursos que se obtienen a partir de este tributo permiten sostener una amplia estructura de servicios municipales que acompañan el desarrollo de la actividad económica, como el ordenamiento urbano, la seguridad, el transporte público, la infraestructura, la capacitación, el apoyo a emprendedores, las políticas sociales, culturales y educativas, y el fortalecimiento de instituciones de la comunidad.
En un contexto económico complejo, sin aportes nacionales y con recursos propios limitados, el Municipio continúa administrando con responsabilidad, sin deudas y cumpliendo con todas sus obligaciones, priorizando la continuidad y calidad de los servicios públicos.
El Gobierno municipal reafirma su compromiso con el diálogo, el desarrollo productivo y la generación de empleo, pero también con la defensa de un sistema tributario equitativo, que trate a todas las empresas por igual y permita sostener el funcionamiento, las obras y los servicios que hacen al bienestar de la comunidad.
